La “inoportuna” declaración de alias Martín Sombra (Elí Mejía Mendoza), también llamado “el carcelero de las Farc”, sobre Mapiripán, en la que afirma que ellos “cometían las embarradas y se las achacábamos a los otros”, a propósito de su afirmación de que la “masacre” de Mapiripán la cometieron las Farc. ¿Y quiénes son los otros? Pues al Ejército en supuesta complicidad con los “paramiliares”, para ellos es lo mismo, con tal que se cumpla el objetivo de desprestigiar a la Fuerza Pública.

Importante saber si la magistrada de la JEP, Dra. Lili Rueda, si dará traslado de esta declaración a la comisión que investiga estos asuntos o mejor, la pregunta sería, ¿existe esa comisión?, o simplemente se trataba de pasar la página, convenientemente, y así callar al tipo este que se había desviado del objetivo central del caso en el que ella trabaja y obligarlo a encausar sus declaraciones sin mencionar hechos incomodos para los magistrados que están en la tarea de lavarle la cara a las Farc.

Dijo además, Martín Sombra, que Timochenko, Alape y los demás miembros del secretariado de las Farc, no estaban diciendo toda la verdad en las diferentes audiencias de los diferentes casos abiertos por la JEP. Eso confirma, también, lo que siempre se ha dicho: Las Farc no estan cumpliendo con los Acuerdos de la Habana. Pero eso a la sociedad colombiana no le importa, solo les importa a quienes son víctimas de las FARC -que se suponía estaban en el centro de los acuerdos, lo cual resultó ser falso- y a las victimas jurídicas de todas estas patrañas: los militares.

En varios artículos, ya hace varios años, relataba yo como se conocían informes de inteligencia, que daban cuenta de las ordenes del Secretarido de las Farc, en vida de Tiro Fijo, y que se volvió política, que consistían en que cada guerrillero muerto en combate debía presentarse como una víctima del Estado. Se las arreglaban para llevar a su madre a los noticieros para decir que ese muchacho había sido un joven ejemplar, trabajador y excelente hijo, debía salir a llorar en los medios por su hijo muerto enlodando al Ejército.

Así fueron ganando terreno en la guerra política contra las FF.MM y generando el rechazo de muchas personas contra la Fuerza Pública, misma estrategia utilizada para aumentar el número de los mal llamados “falsos positivos”, que claro que existieron y deben considerarse como actos atroces cometidos por algunos miembros del Ejército, este número jamás se acerca al que hoy en día señalan las ONG de izquierda, la Comisión de la Verdad y últimamente la JEP. A la JEP se le han pedido los nombres de los 6.402 supuestas víctimas de los falsos positivos y no la entregan porque no la tienen porque si se verifican esos nombres rápidamente se podría desvirtuar ese numero inflado por 10.

También he escrito en el pasado sobre Mapiripán, de como este es un falso positivo judicial y de las ONG “defensoras de derechos humanos”, expertas en montajes para demandar al Estado y así recibir inmensas indemnizaciones a nombre de supuestas víctimas. Recordemos como se supo, después de haber condenado a la Nación por 59 victimas -y a algunos militares-, que la mayoría de las supuestas víctimas están vivas y muchas de ellas pertenecen a las FARC. La ONG llamada Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, fue quien demandó y ganó sumas millonarias, supuestamente en favor de las familias de las supuestas víctimas, jamás devolvió esos dineros ni hubo quien lo cobrara.

Así las cosas, los muertos en Mapiripán se redujeron a seis (6), según las investigaciones de dos ONG y algunos investigadores, quienes descubrieron este fraude procesal y aberración histórica. Me preguntaba yo en otro artículo, que lógica tenía que un grupo grande de paramilitares hubieran sido traídos desde el Urabá, en aviones del Ejército, para asesinar a 6 personas.
Este cuento que se ha tejido en los tribunales más parece un guión cinematrográfico, porque para matar a seis (6) personas en tres (3) lugares distintos de este municipio, se requiere sólo un sicario o a lo sumo dos. Yo siempre he creído que las noticias hay que leerlas con pinzas, ponerle lógica a lo que se lee, descubrir si esa noticia tiene lógica y analizarla, para finalmente sacar sus propias conclusiones. Es lo que siempre he pensado de Mapiripán, nada cuadra, mas parece una novela de ficción.

Pero no, la prensa lo sigue recordando como la gran operación paramilitar apoyada por generales, coroneles, aviones, carros de combate, etc., digna de una película de terror. Ellos siempre introducen la noticia con ese “resumen” macabro que aparte de falso tiene como objetivo seguir en la campaña de desprestigio contra el Ejército, apoyado incluso por los jefes paramiltares que hoy en día quieren que beneficios de los que ofrece la JEP.

Es emblemático el caso de Mariela Contreras, quien confesó -cuando fue descubierta- que el Colectivo de Abogados José Albear Restrepo -CAJAR- le ofreció dinero para que declarara que su esposo y su hijo, habían muerto en dicha “masacre”, y resultó que el hijo apareció en una fotografía de las Farc, y a su marido lo asesinaron a puñaladas en una pelea de bar en otra región. Como este caso, fueron demostrados muchos otros con los que armaron ese gran montaje contra el Ejército y contra el Estado colombiano.

Por estos hechos condenaron al General Jaime Uzcátegui, quien, siendo comandante de la Séptima Brigada, ni siquera tenía jurisdicción sobre Mapiripán ni sobre el batallón que se supone -según los relatos de las ONG- también acompaño la operación. Como será de absurda esta condena que periodistas y políticos, enemigos acérrimos del las FFMM, dijeron en su momento que esa condena debía revisarse.

¿Alguien, según la nueva verdad expresada por el Carcelero de las Farc, contará entonces la nueva realidad? ¿Tendrán los jueces la grandeza de revisar lo que constituyó un equívoco que condujo a una de las injusticias mas notorias de la historia judicial de Colombia?, porque de paso, sea dicho, yo si le creo a Martín Sombra, quien se ha caracterizado por confesar muchas crudas verdades.

¿Hasta cuando los colombianos seguiremos con esta indiferencia, tragando entero y dándole la espalda a nuestros militares?

Ñapa: será tema de otro articulo, pero ¿deben los militares en la JEP confirmar lo que digan las víctimas so pena de pasar por una condena de 20 años? Por ejemplo, el Coronel Hernán Mejía Gutierrez, dijo su verdad, aclaro los hechos y como no confesó lo que la JEP quería, hoy espera que le definan su situación que seguramente será la prisión como ya sucedió con el General Jesús Armando Arias Cabrales, preso por defender el Palacio de Justicia mientras quienes eran miembros del grupo terrorista M-19, están en el gobierno.

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Por estos dias, el gobierno ha puesto de moda aquello de la “igualdad”, algo que no pasa de ser una utopía engañosa a la que muchos acuden para vender ideologías progresistas que siguen fracasando en todo el mundo. Estas teorías atrapan a miles de personas sin educación, sin valores y con muy poca capacidad de análisis, en general a muchos jóvenes “rebeldes” que se destacan por su poco raciocinio. Son utopías sustentadas, muchas veces, utilizando la violencia sobre quienes no las comparten y normalmente están plagadas de incoherencias.

Estas filosofías se utilizan, precisamente, por un lado para conseguir ventajas o privilegios para ciertos grupos minoritarios, que se dicen víctimas de una sociedad que no los quiere, y por otro lado, para restringir derechos al resto de la sociedad. Es cierto que las mujeres estuvieron muchos años relegadas a labores del hogar, pero ya han pasado más de 50 años desde que la mujer se emancipó y salió al mercado laboral. Millones de mujeres en el mundo han estudiado carreras profesionales, han desarrollado oficios que antes eran exclusividad de los hombres y hoy compiten sin complejos con los hombres por el trabajo.

Qué hay hombres machistas (e idiotas) las ven como sus inferiores, no se puede negar, pero eso se combate con educación y no con leyes absurdas. Pretender que todos seamos iguales, es un imposible biológico, físico, material y lógico, solo cabe en la cabeza calienturienta de algunos ignorantes o enajenados por ideologías y fanatismos.

En lo intelectual, las diferencias son enormes entre todos los hombres y todas las mujeres, y dependen de los intereses, decisiones y realizaciones de cada quien: algunos estudian porque ese es su deseo, otros quizás no tienen la oportunidad de estudiar pero sobresalen por sus capacidades, por su interés y motivaciones, y otros no estudian por pereza y permanecen en el atraso intelectual. En el lado material, algunos se empeñan en tener dinero para poseer mucho mas de lo que pueden gastar o usar, y seguro lo logran.

Son muchísimas variables las que generan diferenciase entre las personas, no siempre las más lógicas, pero si parece ser una ecuación en la que intervienen la educación, la determinación, el deseo y el ambiente.

Querer que las personas sean iguales es imposible, sin embargo si se lograra educación de calidad para todos, igualdad ante la ley para todos y justicia para todos, seguramente el mundo sería un lugar más amable, y a pesar de las diferencias no veríamos tantas atrocidades como niños muriendo de hambre o personas matándose unas a otras. Pero en Colombia, espacialmente hoy, vemos lo contrario: una importante porción de la educación es gratuita, auspiciada por el Estado, pero tomada por ideologías que no pretenden el desarrollo de las personas sino mantenerlas al servicio de una ideología política fallida, lo que concluye en un flaco favor que se le hace al desarrollo de las capacidades del país, lo que más bien alimenta la miseria.

Yo, en mi vida laboral, manejé muchos proyectos, algunos de ellos intensivos en personal, siempre hubo las mismas oportunidades para hombres y mujeres, igualdad real, lo que se traducía en casi una paridad numérica, sin necesidad de hacer conteos. En mis decisiones para vincular el personal, lo que primaba eran la inteligencia, las capacidades y la experiencia, no su sexo. Confieso que siempre me han gustado las mujeres en los proyectos, principalmente por su inteligencia, capacidad de trabajo, honradez y compromiso. Espero no estar fuera de onda por confesar que me gustan las mujeres…

No tiene sentido, entonces, que hayan leyes que le obliguen al Presidente, Gobernador, Alcalde, a un Ministro o a Gerentes de Entidades gubernamentales, a lograr una paridad exacta. Parece qué, inclusive, hay corrientes que quieren que se imponga paridad en las listas para Corporaciones. ¿Qué pasa cuando no encuentras personas calificadas para un cierto cargo? ¿Hay que rellenar con cualquiera simplemente por aquello de la igualdad? ¡!Una idiotez de marca mayor!! ¿Será que algunas mujeres, las activistas y promotoras de estas leyes, se sienten incapaces de competir?

Por ahí tenemos un ejemplo , reciente, de la ministra de Agricultura (que reemplazó a Cecilia López) a quien entrevistaron (en Blu Radio – 2023-07-07) sobre un tema fitosanitario y restricción de las importaciones de pollo, pues no supo responder una sola pregunta de los periodistas. Esta muchacha no tiene idea del mercado del pollo en Colombia, ni de las empresas que operan en el pais, ni las condiciones con las cuales desarrollan su negocio. Vergonzoso, estas son las consecuencias de leyes absurdas sobre la igualdad (paridad en este caso). Para no hablar de la ministra Irene Vélez que siendo filósofa fue nombrada en el Ministerio de Minas y Energía.

El nuevo Ministerio de la Igualdad es una vergüenza, rompe todos los principios de austeridad prometidos en la campaña del hoy gobierno del “cambio”, un ministerio inicia con más de 740 funcionarios, es un vulgaridad. Costará algo mas de 500 mil millones de pesos para funcionamiento cada año y lo más grave es que aun no han definido los presupuestos para los programas que pretenden desarrollar (¿billones?). Con estos recursos se podrían construír, en los tres años que le quedan a este gobierno, muchisimos hospitales que tanto necesitan las regiones o cientos de escuelas a lo largo y ancho del país constituye otra forma reducir la brecha entre los colombianos.

Precisamente la cobertura del actual sistema de salud, en las regiones más apartadas, es la falta de estos establecimientos. Construir hospitales, centros de salud, todos bien dotados, conduciría a una mayor igualdad entre los colombianos, mas igualdad en la atención en todos los niveles. ¿Quien entiende a este gobierno? O quizás si, a ellos realmente no les interesa la “igualdad”, les interesa la burocracia para hacer crecer sus bases en las próximas elecciones.

El gobierno esta “arañando” de todas partes el presupuesto, quitándole recursos a todos los ministerios y programas sociales, se puede suponer que para poder contar con miles de millones que utilizará en propósitos proselitistas: pagar a los grupos armados para que no delincan, “pagar para que no asesinen”, reclutar a jovenes delincuentes y armarlos en unos colectivos (con el pretexto de que dejen de delinquir) parecidos a los de Venezuela, lo que significa en la realidad es que serán milicias al servicio del gobierno para intimidar y someter a los colombianos cuando las protestas sean cada vez más numerosas y frecuentes. Nada de esto genera igualdad, la mejor forma de conseguir la igualdad sería generar oportunidades de educación, empleo y salud.

Le recortaron presupuesto a la Salud en la ley de presupuesto discutida y aprobada a final del año pasado, poniendo en riesgo el sistema de salud, y como no ha pasado la reforma de la salud en el congreso y esta difícil que pase, entonces estan dejando de pagar a las EPS (ADRES no les esta girando a estas entidades para un se quiebren y poder decir que: “Si se necesitaba la reforma pues este sistemas esta quebrado”. Si hay algo que acerca a los colombianos es sistema igualitario en salud, como el actual. Tal parece que el propósito es destruir.

Le estan recortando presupuesto a los subsidios de vivienda. El año pasado quedaron pendientes de desembolsar unos 85.000 subsidios para el programa Mi Casa Ya. Eran lógico que los constructores pensaran que al cambiar de año, esos subsidios se desembolsarían en el primer semestre. Solo hasta final del primer semestre el gobierno dijo que habría (para todo el año) solo 75.000 subsidios de vivienda, es decir, ni siquiera se cubre el presupuesto del año anterior. Esto esta ocasionando que la construcción caiga mas de 60%, ocasionando varias situaciones: perdida de mas de 1.5 millones de empleos, disminución drástica del programa de vivienda quizás el de más impacto para disminuir la desigualdad en el país y se pregunta uno ¿que espera el gobierno de un ministerio de la igualdad si borran con el codo lo que se ha hecho con la mano?

No pretendo hacer una revisión de todos los rubros de la economía, pero claramente en todos hay reducciones que perjudican a la mayoría de los colombianos y aumentan la desigualdad. Por ejemplo, abrir nuevos frentes de exploración de hidrocarburos, reducirá la expotación de petróleo y gas, lo que dejará al gobierno sin recursos para la inversión social que tanto se reclama y cacarea. Pero eso si, todo lo presupuestado para las FARC es sagrado para este gobierno y no lo han tocado. ¿Cuanta desigualdad se hubiera conjurado con los billones que se gastan anualmente atendiendo las exigencias que hicieron las FARC en el ilegítimo acuerdo de paz firmado con Santos?

A las FFAA, le han recortando presupuesto lo cual afecta la seguridad del país, y el gobierno además quería apropiarse de los recursos de la “Mesada 14” que es como una prima a los “pensionados” y a los que tienen “pensión de retiro” , menos mal la Corte Constitucional desautorizó esa operación que solo muestra que Petro sigue siendo enemigo de los militares y que quería la mesada 14 para sus programas del derroche.

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Después de un tiempo sin escribir, por asuntos familiares, quisiera publicar mis reflexiones sobre lo que sucede en Colombia en materia política, orden público y otros aspectos de la vida diaria, justo en un momento en el que el ‘odio’ gobierna nuestra Nación. Espero que en el cuerpo de este escrito se entienda el título de artículo.

El presidente Petro tiene una obsesión por lo privado que podría llamarse “odio”: contra los empresarios, contra los bancos y los banqueros, contra los medios privados y sus periodistas, contra los fondos de pensiones y contra el ahorro privado, contra las aseguradoras y contra la prestación de servicios públicos en forma privada como la salud, contra quienes prestan servicios como acueducto, alcantarillado, basuras y energía en forma privada. En su concepcion del Estado no cabe lo privado, para él lo publico es lo justo, lo mejor, lo ético y lo deseable. Ni las EPS privadas, ni los bancos, ni los medios, ni los prestadores de servicios básicos en manos de privados son aceptables. El presidente Petro odia a muerte todo lo privado y se dispone a acabarlos. A algunos de un manotazo, a otros los irá “extinguiendo” y otros se “secarán” (como bien dijo el expresidente Uribe esta semana a propósito de la reforma pensional).

El actual proyecto de reforma a la salud nace de ese odio visceral, odio que no le permite pensar en el bien del pais, reforma que se surge por las ideologías extremistas de izquierda que ha profesado toda su vida, desde su juventud cuando se enlistó en las filas del grupo narco-terrorista M19.

Su odio es por las EPS, las que son empresas privadas, que han posibilitado -dentro del sistema actual de salud- una cobertura en atención del 97% de la población con una muy alta calidad. Seguro hay mucho por mejorar, pero lo lógico sería mejorar lo construido para cerrar las posibles brechas y mejorar aquellas EPS que no cumplen con sus propósitos -cualquiera que sea la razón-. Es claro que muchas EPS necesitan reingeniería, vigilancia y ajustes, pero este es un sistema probadamente bueno y calificado como bueno por mas del 80% de los colombianos. También es cierto que en las zonas rurales más alejadas la atención no alcanza a lo básico, pero, de nuevo, en una alianza entre gobierno y las EPS debería posibilitar la solución de estas debilidades.

Pero no, Petro, en lugar de pensar que debe mejorar lo que necesita arreglarse (Por ejemplo lo que genera las quejas de ese otro 20% de la población), ha pensado que debe demoler lo construido y volver a empezar -regresando 30 años en el pasado, a un modelo que no funcionó, que mostró vicios, ineficiencia y corrupción-, regresar a un sistema estatizado para poder alimentar sus cuadros electorales, permitiendo que sus amigos manejen esos recursos, con miras a sostenerse en el poder vía control social. Claro, el dinero de la salud genera gran motivación para poder administrarlo a su antojo. Esto no pinta nada bien.

Pero ¿que haremos los usuarios que hemos manifestado estar satisfechos con el sistema actual? Veremos como se deteriora la atención y los resultados, y los más afectados serán los más pobres y muchísimos de nosotros los “viejos” que dependemos de una pensión.

Son tan pobres sus argumentos del Presidente, para intentar este cambio tan radical, que solo atina a decir idioteces como la que le leí en un trino, hace unos dias, que decia: “En la Guajira la inmensa mayoría de la población está afiliada a EPS y han muerto miles de niños por falta de agua. Yo quiero cambiar ese sistema de salud ineficaz.…” y sigue con algunas otras idioteces. Aquí el link para que ustedes verifiquen lo que estoy afirmando: https://twitter.com/petrogustavo/status/1663186364676943872?s=61&t=mCDtPZpcswwAlztThdYV8Q

Yo le pregunte, vía twitter, si era en serio lo que el decia, que si el pensaba que las EPS debían construir los acueductos o se encargaban de potablilizar el agua. Claro que no contestó, porque él solo le habla a toda la gente que considera ignorante y que no entiende, gente que solo escucha la promesa de “cambio”, sin entender si es bueno o es malo.

El no soporta que existan las EPS con grupos económicos respaldando su actividad aseguradora, que han logrado hacer posible que este sistema funcione. El objetivo de Petro es acabar con esas empresas.

De la misma forma, no soporta que existan administradoras privadas de pensiones, porque él considera que estas empresas se enriquecen ilegalmente de los ahorros pensionales de las personas. Ahorros a los que les ha puesto el ojo, porque a pesar de ser ahorros privados (incluyendo los que estan en Colpensiones), considera son recursos que el quiere “administrar” pero para ello debe destruir este sistema y pasar estos recursos billonarios al fondo público para hacer con ese dinero lo que se le de la gana.

A principios de este siglo, conocí a compañeros de Petro, desmovilizados del M19, alguno de ellos trabajó conmigo en una entidad del Estado (mejor cuento el milagro pero no el santo) y fue mucho lo que conversamos sobre su ideología, respetable su forma de pensar pero que nunca he compartido ni antes ni hoy. Una de las carácterísticas -fijaciones u obsesiones- más marcadas en estas personas es el odio que profesan por los generales de la república y en general por los militares.

Esta misma obsesión es consistente con algunas actuaciones del Presidente, al parecer generalizada entre los militantes y seguidores del M19, al llegar a la Presidencia. Les falto al respeto al incumplirles una primera cita -programada por él- con generales y después descabezó a mas de 50, pues debía hacer una purga hasta niveles mas manejables que el pueda manejar o ideologizar.

Odio siente por la empresa privada a todos los niveles, grande, mediana y pequeña empresa, y su reforma laboral se enfoca exclusivamente en atender las exigencias de las centrales obreras (Sindicatos) sin importar si esto nos afecta, frena el crecimiento o lleva a la quiebra a miles de empresas en todo el país. Algunos expertos dicen que se perderían entre 750.000 y 1.5 millones de empleos por culpa de esta reforma.

En resumen, no soporta que haya empresarios, el no soporta que haya gente que hace dinero trabajando. En esta Colombia, hasta ahora libre, hay quienes son más inteligentes que otros, quienes son mas capaces y más emprendedores que otros. Unos son empresarios, otros son empleados, pero todos vivimos de acuerdo a nuestros esfuerzos. Es claro que para ampliar las oportunidedes para todos, hay mucho en lo que se debe trabajar, pero Petro esta enfocado en acabar con lo que funciona. ¿Por qué no trabaja en lo que no funciona?

Ñapa: Nótese que esta gente que profesa esa ideología del odio, responden a nuestras criticas “que estamos dominados por el odio”. Hablan de paz a cualquier costo y a quienes criticamos nos llaman guerreristas o enemigos de la paz. Después de los generales, vienen los periodistas y los medios que sean críticos, créanlo.

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En estos días se tuvo noticia, convocada por los promotores del paro, que había llegado un grupo de delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una inaceptable interferencia en los asuntos internos de Colombia, pues al parecer le dieron credibilidad a las noticias falsas que circularon sobre abusos policiales y supuestas actuaciones represivas del gobierno de Iván Duque, durante el paro violento del mes de mayo.

Los objetivos, de carácter electoral, de personajes como Gustavo Bolivar o Roy Barreras (ambos del grupo de Petro) y sindicatos como FECODE, CGT, CUT, entre otros, consiste en desprestigiar a la Policía Nacional y al Gobierno colombiano. Ellos se han encargado de hacer una campaña difamatoria a nivel internacional.

Estos organismos internacionales como la CIDH o la comisión de DDHH de la ONU, cooptadas por la izquierda internacional, y algunas ONG como Aministía Internacional o Human Rights Watch, parecen tener un mismo objetivo, que para lograrlo no decantan ni analizan la información y producen informes basados principalmente en las falsedades difundidas por su pares ideológicos en Colombia.

El tema preferido por estos días es la “brutalidad policial” y después le sumaron otro muy apetecido por ellos: la “militarización”. Ambas afirmaciones son falsas porque generalizan y sacan de contexto la situación, que analizada con cierta lógica nos permite encontrar argumentos que demuestran la mala fe de quienes, armados de videos falsos y falsas denuncias, quieren desinformar.

También proliferan videos y mensajes de apoyo a la Policía, que aunque apuntan a subirles la moral, también se alejan de la realidad. Les dicen a los policías “vayan tranquilos que no están solos”, si bien es una expresión de solidaridad eso no es cierto, porque SI ESTÁN SOLOS, porque la penetracion ideológica en la justicia es muy grave y los jueces se los van “a tragar vivos”. En ese escenario, cuando lleguen ante los jueces alienados, quienes respaldamos a la policía, nada podremos hacer cuando se conozcan las noticias y entenderemos la dolorosa soledad de los miembros de la Fuerza Pública (policías y soldados).

Ha hecho carrera, no solo política e ideológica sino jurídicamente, la teoría según la cual la Policía y el Ejército deben respetar cierta proporcionalidad, es decir, que deben ejercer fuerza moderada para enfrentar a las turbas supuestamente desarmadas. Si, la fuerza proporcional es el mensaje.

La fuerza es una facultad constitucional del Estado para preservar el orden público y defender a sus ciudadanos, pero ningún gobernante tiene derecho a arriesgar la vida de sus policías y soldados enviándolos desarmados a enfrentar hordas asesinas. Se sabe que en una guerra, si un comandante quiere asegurar el triunfo en una batalla debería tener una superioridad de 6 a 1, porque tener menos efectivos podría representar un riesgo inmenso de fracaso y con ello una atroz mortandad en ambos ejércitos. Solo la superioridad puede garantizar un efectivo control de la batalla.

¿Porque el policía tiene que arriesgar su vida entrando en batalla cuerpo a cuerpo contra individuos entrenados en tácticas terroristas, que utilizan armas ilegales y otras no convencionales? ¿Acaso esto es un partido de fútbol? ¿El Presidente no habrá analizado la responsabilidad que le cabe por enviar a sus hombres desarmados a una guerra donde pueden perder la vida por no analizar a quienes se van a enfrentar?

Me dirán que así lo dictan las leyes, pues claro, ese es otro triunfo juridico de aquellos progresistas que quieren ver manitatados a policías y soldados, pues esto favorece a sus propósitos de desestabilización de las instituciones democráticas. En ese proposito avanzan todos los dias, pues el humanismo marxista del cual están imbuidos muchos congresistas los ha llevado a legislar debilitando a la Fuerza Pública, en favor de los anarquistas, acolitados por miembros de las Cortes.

En una confrontación en la cual el número de policías heridos es mayor que de vándalos heridos (yo prefiero a estos últimos los llamaría terroristas) no tiene lógica qué la prensa y los defensores de los DDHH (que defienden los ddhh solo de los terroristas) hablen de “brutalidad policial”, porque es una batalla prácticamente cuerpo a cuerpo, desatada por los vandalos, que destruyen todo a su paso y arremeten contra la Fuerza Pública con todo (armas de fuego, bombas molotov, piedras, palos, cuchillos, machetes y explosivos) necesariamente habrá heridos y muertos, de lado y lado.

Para la Policía y en general la Fuerza Pública, es una batalla desigual porque no solo deben arriesgar su vida (respetando la tan cacareada y absurda proporcionalidad) sino que después serán llevados a los tribunales mientras a todos los vándalos y terroristas quedarán en libertad.

Hay una táctica subversiva bien probada y efectiva, es conocida desde hace muchas décadas. Cada qué hay una manifestación en la que intervienen (o están detrás) grupos terroristas, cuando aparece la Fuerza Pública, los mismos terroristas que manejan la manifestación asesinan a algún manifestante para echarle la culpa a los policías o soldados.

Claro que hoy son más agresivos, recordemos la asonada contra los CAI en todo el país, pero más intensa en Bogotá, dejaron varios muertos los que han sido adjudicados a la policía. Algo igual está pasando en este paro, se han visto y denunciado gente con armas largas (fusiles) disparando contra la policía y contra los manifestantes.

Se sabe que muchos de los muertos no tienen que ver con policías y otros quizás si, pero ¿qué pasa con esos desconocidos que disparan al amparo de la oscuridad? ¿Qué pasa si los muertos ocasionados por policías, quizas fueron en defensa propia? ¿Acaso los policías no se pueden defender? Yo creo que debe esperarse a que haya un debido proceso antes de condenar a los policías, claro que casi siempre la prensa los condena antes de que la justicia investigue y la presión que ejercen sobre los jueces es infame.

Claro, ahora el gobierno dice que reformará a la Policía Nacional. No quisiera imaginar que harán reformas para darle gusto a la izquierda, vecina ideológica de los terroristas.

¿Acaso seguirán desarmando a la Fuerza Publica? Y ahora todos callados… otra demostración de que si están solos.

NOTA AL MARGEN

Se confirmó lo que ya sabíamos: el comité del paro tiene claras motivaciones electorales y ha puesto su mira en la presidencia y Congreso del 2022. Lo confirma el profesor Alarcón de FECODE (uno de los líderes del paro). Esto nos da la razón en lo mencionado en últimos artículos: la gente salió engañada con falsas reivindicaciones, porque el objetivo del comité era convocar un gran grupo de incautos (idiotas útiles) para que sirvieran a sus propósitos electorales. No les interesa ni la reforma tributaria, ni la reforma a la salud, ni la educación y menos el empleo. Se abre una nueva forma de hacer política: bloqueos, destrucción de empresas, destrucción de empleos y generando hambre entre los colombianos. Bien por la Colombia Humana, los Verdes y las FARC.

¿Habrá investigaciones y condenas para los promotores de tanta violencia?

La JEP (Justicia Especial para la Paz) esta decidida a exonerar a las FARC de todos sus crímenes y a todos aquellos que fueron sus aliados durante los más de 60 años de esta mal llamada “guerra”.

Quienes aún teníamos la esperanza de que se abriera un macro caso para juzgar la Farc-Política podemos olvidarnos de ello. La JEP acaba de reconocer al Partido Comunista Colombiano cómo víctimas del “conflicto armado” colombiano, asegurando que este partido demostró tener más de 1.200 personas afectadas por hechos de violencia y los agregó al macro caso #06 ‘Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) supuestamente por parte de agentes del Estado’. (Otros. Socios de las Farc)

En este punto debemos entender la afirmación de los comunistas (PCC) durante 40 años según la cual los mal llamados “paramilitares” -quienes originalmente se llamaron autodefensas campesinas y surgieron como un fenómeno de reacción contra la acción guerrillera comunista- han sido auspiciados y patrocinados por los diferentes gobiernos, de esa manera van redondeando su objetivo perverso de lograr que sea condenado el Estado colombiano, cada vez que se ventilen los crímenes de los “paramilitares” con su respectiva condena, quienes según parece, fueron igual de sanguinarios a las guerrillas comunistas.

¿Qué pasará con este reconocimiento?¿Más condenas para la Nación y la afirmación de que esta ha sido una falsa democracia cuyos gobiernos han sido masacradores? ¿Más militares condenados y guerrilleros exonerados? Esa narrativa promete ser perversa.

El PCC (Partido Comunista Colombiano), desde su fundación hace 90 años (aprox), ha sido factor desestabilizante y responsable de muchos intentos de isurrección criminal en los que se derramó sangre de colombianos. Para ello estos señores contaron, por años, con estructuras -paralelas- clandestinas de agitadores.

Ante cualquier manifestación aparecían los agitadores para ejercer violencia sobre la fuerza pública. ¿No se parece a lo que estamos viviendo hoy? Solo qué hoy cuentan con redes sociales (Whatsapp, twitter, tictoc, etc.) con lo cual la coordinación, las comunicaciones y la desinformación corren con pasmosa velocidad facilitando la violencia.

Hoy en día el PCC aparentemente no aparece en el escenario político nacional porque hace unos años se fusionó con el M19 creando un partido que se llamó Polo Democrático Alternativo (PDA), luego el PCC fue expulsado de esa colectividad por doble militancia porque parece que también trabajaban con la llamada Marcha Patriótica y hoy sus miembros están repartidos por esos partidos minoritarios (UP, Marcha Patriótica y PDA).

Uno de sus hoy senadores (originalmente del PCC) es Iván Cepeda, quien se quedó en el PDA, se han mantenido en primera plana del escenario político atizando la lucha de clases a partir de mentiras y discursos de odio casi siempre dirigidos contra Alvaro Uribe y en general contra la derecha colombiana.

Muchísimos historiadores, de todas las tendencias, han documentado qué en el siglo XX el comunismo fue responsable de más de 100 millones de muertes en el mundo. El Partido Comunista Colombiano no es la excepción, toda vez que fue el fundador de las FARC y su relación con esta agrupación terrorista se extendió hasta entrados los años 90, hasta el retiro de Gilberto Vieira, quien fuera Secretario General del PCC, socio responsable (el PCC) de los rios de sangre que han teñido de dolor los campos colombianos.

Pero ahí no paran las “sorpresas”, recientemente la Corte Constitucional, en extralimitación flagrante de sus funciones (como lo afirman 3 magistrados que salvaron su voto) y como protagonista de primera línea para refrendar las componendas que se inventaran Santos y las Farc, ha decidido revivir las tales “curules de paz” supuestamente para las victimas, curules que habían sido negadas por el Congreso en 2017. Esto significa 16 representantes más en el Congreso cuando Colombia clama por una reducción de esta Corporación como un plan de ahorro fiscal en momentos de pandemia.

Tras esa negativa, Roy Barreras interpuso una tutela que fue negada en dos instancias, pero al llegar a la Corte Constitucional, esta la aceptó y le dió la razón a Barreras: el problema, según Barreras, radica en que en ese momento, cuatro de los congresistas que componían el Senado estaban inmersos en procesos judiciales por corrupción, por lo que argumentaron que solo 98 funcionarios estaban habilitados para votar, es decir, los 50 votos obtenidos en el Senado, sí representaban a la mayoría absoluta para conseguir la aprobación. Esta tesis es falsa, porque en realidad el quórum era de 102 senadores dado que esos cuatro congresistas no habian sido condenados, aunque estaban detenidos, ni se había declarado la silla vacía pero la Corte decidió, utilizando sutilezas, como siempre ajustadas a sus inclinaciones políticas, torcerle el pescuezo a las más simples matemáticas.

Pero si miramos más allá, se trata de entrar 16 nuevos congresistas que serán elegidos teóricamente por las victimas, es decir por los habitantes de territorios “anteriormente” dominados por las Farc, que se suponen “liberados” pero que en realidad hoy siguen en manos de los eufemisticamente llamados “disidencias de las Farc” o del ELN. Así pues, las votaciones en esos territorios no serán libres. Los candidatos serán los que los delincuentes, ya sean “disidencias” o ELN, ordenen. ¿Quien se cree el cuento de que serán elecciones libres en territorios dominados por los narcoterroristas? En conclusión, llegarán al congreso los representantes del narcotráfico o de las mismas FARC.

Pero la cosa no queda ahí. Pensemos que ahora el Partido Comunista, o mejor, los antiguos integrantes del partido que ya no existe, son declarados victimas por la JEP. Se supone entonces que “estas victimas” podrán participar en esas elecciones en esos territorios, tendrán el apoyo de los grupos terroristas y con la financiación del dinero de la cocaina.

Entre más lo pienso, esta resultó ser una jugada maestra, mejor que la que hicieron la JEP (que centra), el Concejo de Estado (que cabecea) y la Corte Suprema (que mete el gol) cuando dejaron libre a Santrich. Esa jugada perfecta, hoy es superada por esta otra. Una pared (para seguir con el simil del fútbol) realizada entre la JEP y la Corte Constitucional, después de un servicio de Roy Barreras: Habrá en el Congreso 16 nuevas congresistas representantes del PCC apoyados por criminales.

Pero nunca se ha podido estructurar un caso para demostrar la Farc-Política, hoy menos será posible, con este entramado que denunciamos en 2016 y que ha resultado cierto: Santos entregó el país a las FARC.

NOTAS AL MARGEN

1.¿Cuáles funciones de policía judicial tiene la JEP qué se atreve a allanar las oficinas del Centro Nacional de Memoria Histórica, específicamente las oficinas de su director Dario Acevedo? ¿Acaso estamos en las puertas de persecuciones al estilo de la Rusia comunista en manos de Stalin?

2.Supongo que ya estarán los ganaderos, los algodoneros, los cultivadores de palma, los arroceros, los cafeteros y tantos otros gremios, preparando y documentando expedientes para solicitar su ingreso a la JEP como victimas de las FARC y del PCC.

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Es por lo menos increíble que todos los promotores de esos acuerdos de paz, suscritos entre Santos y las FARC, hoy se hayan convertido en los más violentos protagonistas de una guerra terrorista, en contra de un gobierno democráticamente elegido, guerra que realmente afecta directamente a los más pobres, que dicen querer proteger.

No olvidemos que Petro prometió esto, el día que perdió las elecciones con Iván Duque, dijo que sacaría al pueblo a la calle para derribar las instituciones, tal y como lo manda el marxismo, agitar una lucha de clases y así lograr ganar las elecciones en 2022 subido en una ola de odio. Estamos viendo el cumplimiento de estas amenazas y claro, debemos hacerlo responsable de todos los crímenes que se han cometido en las semanas del paro.

El bloqueo de vías, por si solo, es un delito. Pero el bloqueo de vías sitiando ciudades por semanas, dejándolas sin abastecimiento de víveres, medicinas, oxígeno, combustible, es un delito de lesa humanidad. El bloqueo de vías internas, la destrucción de propiedad pública y privada, el cobro de “peajes” por parte de delincuentes en los bloqueos, es otro delito que deslegitima las protestas, que podrian parecer justas, si no se fuera porque es claro que los organizadodres del paro también han planeado toda esta escalada de violencia, lo que debería tener repercusiones penales.

En mi articulo anterior, dije muy al final, que estaba seguro de que si el gobierno retiraba la reforma tributaria, el paro seguiría y que para mantener enardecidas a las turbas buscarían un discurso alterno y así sucedió. Acto seguido “formularon” una cantidad de peticiones absurdas. Sus consignas son una colcha de retazos que no la entienden ni ellos mismos.

Posteriormente el Presidente anunció que desbloqueará las vías con la fuerza pública, creo que se había demorado en esta decisión. Sin embargo, parece difícil de cumplir dicha promesa, pues nuestro país es muy extenso

En una entrevista radial, el presidente de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) ante esa noticia de despejar de bloqueos con la Policía y el Ejército, declaró que con esta decisión el Presidente le había declarado la guerra al paro. En esa frase queda implícito que efectivamente ellos sí controlan la protesta, a los vándalos y a los terroristas, porque es claro que la actuación de las Fuerzas del Estado es contra vándalos y terroristas que bloquean vías y producen destrozos en diferentes ciudades. Este debería ser suficiente argumento para que la fiscalía los impute (al Comité del Paro) penalmente por terrorismo y por los delitos que se deriven de la destrucción del aparato productivo de nuestro país.

Desmontada la reforma tributaria, que a mi me pareció un gran error, porque la mitad de esos recursos iban para los programas sociales que necesita el país más aún en pandemia, que dejó muy maltrechas las finanzas de país (públicas y privadas), los desordenes continúan lo que deja claro que la bandera inicial del paro, era falsa. La últimas noticias que se tienen es que las calificadoras de riesgo están quitándole a Colombia el grado de inversión. Gravísimo.

Yo me atrevería a decir que el daño que esta dejando el paro, al aparato productivo del país, es mas grave que el que dejó la pandemia.

Retirada la reforma tributaria, el Comité del Paro hizo pública su petición de retirar la reforma al sistema de salud, un proyecto de reforma que pretendía hacer ajustes para mejorarla. Ya fue archivada por el Congreso, y los desordenes continúan.

Recuerdo que al inicio de la pandemia aparecieron algunos médicos sindicalistas proponiendo paros hasta que el gobierno les corrigiera algunos problemas en su forma de contratación y otras situaciones, con las cuales vienen tenido inconformidades, que parecían lógicas y legítimas. Quizás aquel no era el momento, los médicos entendieron y dejaron el reclamo para después.

Pues bien, la reforma corregía varias de aquellas solicitudes, entre otras, reglamentaba la contratación del personal de salud, que según recuerdo era parte de sus demandas al inicio de pandemia. Pues no, no se pudo, porque no hubo quien defendiera un proyecto que quizás pudo ser bueno para ellos y para los colombianos.

Es claro que los señores del “Comité del Paro” no luchan por el bienestar de todos los trabajadores, ellos tienen objetivos políticos claramente definidos. Una comparación odiosa pero cierta: así funcionan las guerrillas, ellos dicen luchar por los más necesitados pero en realidad es a los más pobres a quienes atacan con mayor ferocidad.

Es claro que todo en la vida es susceptible de ser mejorado y que siempre hay argumentos a favor y en contra de cada uno de los proyectos, pero para eso es el Congreso, para dar la discusión, debatir posiciones y finalmente conciliar. Asi funciona la democracia, pero no destruyendo al país, asesinando policías y generando violencia que generalmente se vuelve en contra de los más necesitados.

Esta vez fue el Congreso quien decidió archivar el proyecto de reforma a la salud, supongo que creyendo que con ello apaciguan la furia de unos pocos ciudadanos “inconformes” (yo diría terroristas con objetivos políticos) y hundieron el proyecto. Que vergüenza de Congreso, parece que tambien están en paro pero eso si, cobrando su salario y sin comprometer su imagen. Esto solo incrementa su mala imagen.

Quiero comentar rapidamente mi experiencia con el Sistema de Salud en Colombia, lo hago como un usuario:

Hasta hace poco más de 3 años, a pesar de haber estado aportando toda mi vida a la salud mensualmente, como la ley lo prevé, nunca había acudido a una EPS para consultar por problemas de salud, siempre acudí a médicos particulares.

Quizás estuve influenciado por estos discursos destructivos que advierten que la salud en Colombia es un fracaso, que en vez de sanar a la gente la matan en clínicas y hospitales, y que es un negocio de empresarios corruptos que se lucran de la salud. Nunca me tome el trabajo de averiguar si eran ciertas las miles de historia de terror que se contaban del sistema. Los más apasionados odiadores de Alvaro Uribe, lo hacían responsable de todos aquellos horrores que supuestamente viven los colombianos en las EPS, por haber sido ponente de “la Ley 100” como la llaman.

Un buen día decidí utilizar la EPS y ¡que sorpresa me llevé!:

Las citas al médico general o especialista, son más que puntuales siempre, no me ha tocado un solo inucumplimiento. Y advierto que tengo que ir con cierta frecuencia por mi ya menguada salud.

En la cita médica te entregan la formula para las medicinas que necesitas, sales de allí, vas a la farmacia especificada y te las entregan sin cobro adicional. Antes de ello, a mi, me costaban mis medicinas valores realmente agobiantes cada mes, ya no me cuestan porque están incluidas en el plan de salud. Algunas veces, rara vez, debes pagar un valor simbólico llamado copago, dependiendo de cual medicina te están recetando, si esta incluida en el POS (Plan obligatorio de salud) o si deben tramitarla por algo llamado MIPRES.

Cuando necesitas consulta con el especialista, el médico general te entrega una orden, uno programa la cita y debe acudir cumplidamente, sin costo adicional.

Si se necesitan, te ordenan exámenes especializados, exámenes que particularmente seguramente cuestan mucho dinero: Ecocardiogramas, electrocardiogramas, ecografías varias, resonancias magnéticas, tomografías del cerebro, holters, etc., y no se cuantos más nos han practicado a mi esposa y a mi, sin ningún costo o a lo sumo con un copago simbólico.

Las instalaciones de las EPS son elegantes, edificaciones y mobiliarios bonitos, plataformas tecnológicas avanzadas, etc., esto hace que uno se siente confortable y bien atendido.

En la sala de espera para cualquier cita, igual estás tú (yo soy ingeniero) y al lado puede estar la esposa de un obrero o alguien del régimen subsidiado (por el Estado). Lo importante de resaltar es que, a los tres, nos atienden con la misma amabilidad, puntualidad y respeto.

Lo único que podría parecer difícil es que sugieran todos los tramites por la plataforma en la web, y me parece que algunas veces es difícil comunicarse con ellos personalmente, a no ser que uno acudapersonalmente a las oficinas de atención al publico o a las IPS. Yo por mi formación me he adaptado fácilmente a la tecnología, pero creo que a mucha gente se le dificulta el acceso por internet, por lo cual debe comunicarse por ColCenter o acudir a puntos de atención.

Pero es fácil, sea presencial, por teléfono o vía los canales informáticos, siempre responden, te autorizan los medicamentos o las citas con algún especialista y he notado que siempre están implementando nuevas herramientas en las plataformas y nuevos canales personalizados que facilitan la atención directa.

Te atienden urgencias, hospitalización y cirugías en buenas clínicas sino en las mejores: hace días tuve a mi esposa hospitalizada, muy grave, en la clínica Los Rosales de Pereira, durante casi 15 días, y allí, cómo comenté anteriormente, vi gente de todos los estratos sociales perfectamente antendia, quizás había días de mucha congestión pero uno advierte que a todos atienden.

Algo interesante que tiene el sistema es que te atienden en cualquier lugar del país, si es que necesitas una consulta o una urgencia, estando de viaje.

Para mí, según mi experiencia y de algunos amigos con quienes he conversado este tema, la salud en Colombia es muy buena. Seguro necesita ajustes, pero si el Congreso no trabaja, serán ellos los responsables de no atender las reformas que requiere el sistema.

Se cayo la reforma a la salud, otro de los frutos del odio que avanza en Colombia como un tsunami que amenaza nuestra imperfecta democracia.

NOTA AL MARGEN:

Presidente Duque, recuerde qué hay una herramienta a su alcance, quizás no muy popular, pero muy útil: la Conmoción Interior. Debe usted parar esta asonada que no es solamente un problema de orden público sino económico y social, porque están destruyendo a Colombia.

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Colombia debería estar llorando a Jesús Alberto Solano, un joven Capitán de la Policía Nacional comandante de la Sijín en el Municipio de Soacha Cundinamarca, quien fue asesinado de 5 puñaladas durante las “marchas pacíficas” que tuvieron lugar el 28 de abril de 2021. Desafortunadamente para el Alcalde de la localidad esto se registra como un fallecimiento más, lo que podría uno suponer que no le da ninguna importancia, como pasa con alcaldes como la de Bogotá y los de Medellín, Cali y Manizales. “Son solo policías”.

Entre el 28 de abril y el 1 de mayo, se reportan en los medios al menos 13 muertos en forma violenta, solo 10 de ellos en la ciudad de Cali, ataques a 14 ambulancias y misiones médicas, ataques y saqueos a supermercados y tiendas de cadena, destrucción de sedes bancarias y muchísimos desmanes más que dejan perdidas millonarias al Estado y a los particulares.

No tiene sentido que, en el peor momento de la pandemia en Colombia, cuando se han superado los 500 muertos diarios, grupos de ciudadanos decidan salir a marchar y a protestar contra una reforma tributaria que, ni han leído, ni entienden, sin tener en cuenta el riesgo que representa del COVID 19. Esta actitud merece que se les considere como una partida de “descerebrados” que, cargados de ignorancia no logran asimilar lo que han escuchado todo un año: que debemos cuidarnos y cuidar a nuestros familiares. Pero esta condición les da el valor de irse a las calles, actuando como idiotas útiles disque a manifestarse contra algo que ni entienden y sin darse cuenta de que están sirviendo a propósitos más grandes y graves de lo que imagina la gente.

Un par de días antes de la fecha señalada por las centrales obreras, 28 de abril de 2021, para la protesta supuestamente “pacífica”, Néstor Morales de BluRadio, le preguntaba a uno de los líderes de Fecode que iracundo exigía al gobierno a retirar la Reforma Tributaria (a quien se le notaba ni siquiera la entiende): “¿Si el gobierno retira la Reforma Tributaria ustedes cancelarían la orden de paro?” La respuesta, llena de evasivas como quien se siente pillado en una mentira, fue NO, que la marcha -dijo- seguiría incluso si se retiraba el proyecto presentado en el Congreso, porque así lo había decidido el Comité Nacional del Paro.

Así pues, es claro que el motivo del paro nada tienen que ver con la tal Reforma Tributaria, estas marchas y sus desenlaces violentos, han sido planeadas con mucha anticipación, antes incluso que se supiera de este proyecto de hacienda pública.

Podría pensarse que la mayoría de los descerebrados son también idiotas útiles. Yo diría que muchos son personas decentes que salen a marchar pacíficamente pero engañadas y que parece no piensan que su participación los convierte en cómplices de destrucción y muerte, pues siempre estas marchas terminan en eso. Yo me pregunto ¿Si podrán dormir al darse cuenta de que hicieron parte de esas jornadas violentas en las cuales mueren policías y manifestantes? ¿O estarán en etapa de negación consciente, que como les han convencido, son dos cosas diferentes: las marchas pacíficas y el vandalismo, porque eso es lo repite toda la prensa en Colombia?

Ellos se dejan utilizar por la avalancha de propaganda en contra del gobierno (cualquiera que sea este) buscando desprestigiar y acabar con la institucionalidad. Esta es práctica común. Unos lanzan las mentiras y los idiotas útiles las repiten sin análisis, por ignorancia, sin entenderlas y sin preocuparse de si lo que están repitiendo es cierto o falso. De antemano les aclaro a algunos amigos que esto no es un insulto, porque se que les choca mucho que les digan idiotas útiles, pero que hacemos… Pero la mayoría ignora que hay un grave peligro que se cierne sobre la democracia colombiana y están siendo utilizados.

No es el rechazo a una reforma tributaria, no es por la muerte de algún manifestante ocasionada por el ESMAD o cualquiera de las disculpas que sacan cada vez que quieren subvertir el orden público y socavar la institucionalidad, es un plan que tiene como objetivo desestabilizar la democracia y llegar en caos a las próximas elecciones.

No podemos olvidarnos de lo qué pasó en Chile en octubre de 2019. La disculpa allí fue el alza de tarifas en el Metro de Santiago pero realmente era un plan siniestro para socavar la democracia chilena, ideado por un enemigo agazapado, fuera de las fronteras, manejando los hilos de hordas de terroristas, vándalos y asesinos que estaban dispuestos a masacrar personas y destruir todo a su paso. ¿Pero como lo logran? Pues mimetizándose entre las marchas de los idiotas útiles porque saben que la fuerza pública no se atrevería a disparar donde hay multitudes.

Aquí está pasando lo mismo, quizás aún a menor escala, pero tratan de replicar las mismas acciones porque el agresor es el mismo: El Foro de São Paulo (FSP). Tal parece que le están cambiando el nombre y se camuflan bajo un nuevo nombre: Grupo de Puebla.

Planeadas desde un comando central, las estrategias tienen un único objetivo, genera terror entre la población, generar descontento entre la comunidad, lograr que la gente sienta desesperanza, que se sienta desamparada, que sientan que la Policía y el Ejército ya no pueden protegerlos pues los terroristas están camuflados entre la multitud.

Ejemplos tentemos muchos, antes y ahora. Solo hay que recordar los soldados humillados en el Cauca para evitar capturas de delincuentes o la asonada ejecutada con comandos terroristas urbanos, en que destruyeron 48 CAI de la Policía en Bogotá y se produjeron 11 muertos y más de 140 heridos en jornadas parecidas el 10, 11 y 12 de septiembre de 2020. También hacen parte de esta estrategia los discursos de odio que pronuncia Gustavo Petro constantemente, quien es el candidato del Foro De São Paulo, para las próximas elecciones. No debemos olvidar que prometió el día que perdió las elecciones presidenciales de 2018, que no dejaría gobernar a Duque, sacando a la comunidad a las calles.

Recordemos que Hugo Chávez llego a la presidencia de Venezuela ante un sentimiento generalizado de desesperanza y de impotencia por, supuestamente, vivir en “el país más corrupto del mundo”. Esa fue la imagen que fueron creando, los dirigidos por el FSP, para derrotar el estado de animo de los venezolanos, prácticamente abatidos por la idea de la corrupción -así se sentían- los llevó a votar por este lobo con piel de oveja, que les prometió acabar con la corrupción y con la pobreza.

En Colombia esta pasando exactamente igual, quizás con más violencia y con gente más agresiva que cuando llevaron a Chávez al poder. Los del FSP han ganado en experiencia y saben que cada país es diferente. Hay que tener en cuenta que esta operación se ha llevado a cabo varias veces: En Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua y en Ecuador, y en Colombia la han ensayado varias veces.

El mismo Foro de São Paulo, más experimentado, más poderoso, con más militantes entrenados, grupos de choque bien equipados, con células terroristas aliadas y entrenadas por los grupos terroristas que operan en Colombia, lo viene intentando hace varios años, con la complicidad de los medios de comunicación que apoyan la estrategia, algunos son conscientes y otros por ignorantes sirven de idiotas útiles. Pero si, la prensa niega y ridiculiza la existencia del FSP y del castro-chavismo y el público les cree. Después serán ellos los primeros azotados por Socialismo del Siglo XXI.

Son muchos los frentes sobre los cuales trabajan el desprestigio de las instituciones. Las redes sociales son cada vez más poderosas y tienen más penetración. Tienen comunicadores clave que reparten las mentiras logrando envenenar el alma de los ciudadanos. A mi me tiene desconcertado ver como muchos de los votantes de la centro derecha y la derecha, votantes de. Iván Duque, han sido “penetrados” ideológicamente, porque se han convertido en los más acérrimos enemigos del gobierno y ellos mismos reparten odio contra el Presidente y sus ministros argumentando ideas que no son de su propia cosecha. Se han convertido en los mayores aliados de Petro y él, supongo, muerto de la risa viendo a los otrora amigos de Duque convertidos en sus enemigos.

Ese odio que han venido inculcando en la gente se ve exacerbado con otra idea: la corrupción. Repiten cosas como que en el país los corruptos se roban 50 billones al año, cifra sacada del sombrero por alguno de los mismos ideólogos del Foro de São Paulo. Claro qué hay grandes escándalos que duran años, así que esas cifras, al parecer, las obtienen de sumar muchos de esos casos y entre ello algunos son inflados. Ojo no pretendo decir que no hay corrupción, aclaro que estoy de acuerdo en que es un grave flagelo.

Por ejemplo, el sobre costo de Hidro Ituango, causado por el accidente o un error de ingenieria, que casi hace que colapse el proyecto, es un tema que no necesariamente implica corrupción y el proyecto tenia sus pólizas de estabilidad y cumplimiento, con reaseguradoras detrás, pero así lo venden los políticos y los medios como un fenómeno de corrupción. Otro ejemplo, inflan el monto de los recursos malversados por los Nule, cuándo el famoso caso del carrusel de la contratación en Bogotá, sumando el valor total de todos los contratos, sin entender que los recursos perdidos o enredados eran apenas un porcentaje menor al valor de los contratos, claro una suma escandalosa pero no correspondía al valor que han denunciado.

Si se suman además los casos de Odebrecht, Reficar, Cartel de la Hemofilia, Cartel de la Toga, etc., quizás la suma de de todos esos desfalcos, que se han descubierto y judicializado en los últimos 15 o 20 años, puede les sumen los 50 billones (ni idea), pero muchos repiten, sin pensar, que esa es la suma que se pierde anualmente por la corrupción. De nuevo, no digo que todo esto no sea grave, claro que lo es y mucho, pero lo que no puedo compartir es que se manipule la información y se diga que todos esos casos sean responsabilidad del actual Gobierno o que se diga que ese es el monto anual que se pierde por corrupción sin ninguna prueba.

Circula un video escalofriante, en el cual se anuncia con “mucha seriedad” (dudosa seriedad) que Colombia ocupa un deshonroso primer puesto en un ranking de los países más corruptos, supuestamente realizado por Transparencia Internacional y la revista U.S.NEWS. Hablan de unas encuestas hechas a 20.000 personas en 73 países. Es decir, eso da como 273 personas por Pais.. ¿En serio? ¿Ustedes creen que un estudio sobre la corrupción se puede hacer teniendo en cuenta la opinión de un pequeño grupo por país? ¡¡Vea pues!! ¿Será serio que una encuesta a 273 personas indique o de una idea del grado de corrupción que sufre Colombia y pueda servir para concluir que es el país más corrupto del globo terráqueo? Si lo piensan, el asunto es ridículo pero rueda por las redes a una velocidad que nadie se imagina y la gente lo cree sin el menor análisis.

Comentaba un amigo politólogo: “ese video es una pieza maestra de propaganda, para el propósito que busca el FSP, que es llevar a Petro a la presidencia de Colombia” y estoy de acuerdo. De nuevo, así pasó en Venezuela. Aquel fue el primer triunfo del Foro de São Paulo pero el más importante porque en adelante el dinero del petróleo venezolano ha financiado y hecho posible los avances de la izquierda en Latino América con su famoso Socialismo del Siglo XXI.

Hoy en la conciencia de la gente han inculcado la idea de que este gobierno esta haciendo una Reforma Tributaria para poder alimentar la corrupción anual que suma 50 billones. ¿Por quien votarán los colombianos? Muy seguramente por aquel que esta detrás de todo esto, el elegido del FSP. Aquel que coordina tras bambalinas todas las marchas y sus componentes terroristas. Para que entendamos, no hay las tales “marchas pacificas”, esto en la estrategia de “la combinación de todas las formas de lucha”. Los paros y movilizaciones se llaman guerra de masas, que la combinan con guerra sicológica (terrorismo), guerra ideológica, guerra mediática y de propaganda. Su eficacia esta probada en años de práctica.

Noten que en otras marchas (2019) se pudo tener la certeza de que Petro estaba detrás de las marchas, hubo videos y otras pruebas. Pero actualmente no se muestra, no salió a las marchas, quizás porque cada vez se va escalando más la violencia y no le conviene que lo señalen o quizás podría tener algún problema con la justicia, aunque realmente sabemos de que lado está la justicia en este País, pero pensará que es mejor no dar papaya.

Muchos ni se dan cuenta que se han convertido en los idiotas útiles de los terroristas y se están uniendo a esta macabra estrategia del Foro de São Paulo: Colombia 2022. Ya lo dijo Uribe, “ojo con el 22”. Uribe es quizás el más duro de los obstáculos a derribar por parte del FSP, aunque aún no lo han logrado, han estado muy cerca y no se ha disipado el riesgo de que termine en una cárcel.

Las últimas noticias del fin de semana hablan de militarización de algunas ciudades, esto es algo en lo que el Presidente se había demorado. Ante tal presión los presidentes dudan mucho. No deberían, pero podría hacer una apuesta: si Duque retira la reforma, ellos seguirán con el paro pidiendo otras cosas. Esa es la técnica, esta es la estrategia para llegar al poder en 2022. Así pues el plato está servido, veremos si los colombianos le van a dar el poder al Socialismo del Siglo XXI en 2022.

NOTA AL MARGEN: A pesar de que las farmacéuticas se han demorado en sus embarques, las vacunas están llegando. Hasta ahora van más o menos 5 millones de vacunas y en mayo llegaran otras 5 millones. Lento pero sin pausa, avanza el plan de vacunación, lo que es una excelente noticia.

Twitter: @jebotero

El pasado 15 de abril, se cumplieron 25 años de una de las más horrendas masacres que Colombia recuerde: la emboscada a una caravana de soldados que viajaban en camiones tipo Avir para hacer relevo a sus compañeros que custodiaban el Oleodicto Trasandino. En esta acción demencial, perpetrada por los frentes 29, 32 y 48 de las Farc y por el Frente Los Comuneros del Sur del ELN, fueron quemaos vivos y asesinados con tiro de gracia a muchos de ellos, 31 soldados del Ejército Nacional y 11 resultaron gravemente heridos. Todos ellos victimas de un atentado terrorista, victimas de un delito de lesa humanidad, victimas de la barbarie de estas guerrillas que hoy están representadas en el Congreso y que con todo cinismo desconocen la mayoría de sus crímenes.

Resulta interesante que el 9 de abril se celebró el día de las víctimas, día fijado por la Ley 1448 de 2011, la cual tiene entre sus principales objetivos llevar un registro nacional de víctimas, con el objeto de visibilizarlas y proceder a su reparación. No se sabe porque escogieron ese día que coincide con el aniversario de “El Bogotazo”, fecha en que asesinaron al caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, hecho que sucedió el 9 de abril de 1948 y que desató una oleada de disturbios en Bogotá y en el resto del país. ¿Tendrá que ver esta “coincidencia” de fechas con alguna cortina de humo que se hayan inventado los amigos de las guerrillas?

Lo más desalentador de estas iniciativas es que intentan mostrar, en la mayoría de los casos, un Estado victimario y con esto tratan de invisbilizar a los millones de victimas que fueron violentadas por las guerrillas. Casi siempre tratan de mostrar como mayoría de victimas de los mal llamados “paramilitares” sumadas a las victimas de los supuestos “crímenes de Estado”. Parece que mostrar con mayor despliegue estas victimas, tratan de inclinar una balanza en contra del Estado.

La misma JEP presenta su sesgo, como lo hiciera Santos cuando llevo un “grupo de víctimas” a La Habana, entre las cuales la mayoría eran victimas de los “paramilitares”, intentando que todos crean que estas organizaciones están ligadas con el Estado. No olvidemos que la palabra “paramilitar” se predica de una organización civil con una estructura similar a la militar. A esta definición responden entidades como la Policía Nacional, los bomberos, la Defensa civil, etc., estas son las verdaderas instituciones paramilitares.

Sin embargo la izquierda ha puesto de moda esta palabra para referirse a “grupos de autodefensa” que se pervirtieron y se convirtieron en grupos criminales, y no vacilan en llamarlos “paramilitares”, para que quede en el imaginario popular y especialmente en ámbito internacional, que estas estructuras criminales son patrocinadas por el Estado, lo cual es absolutamente falso. Esta es una forma de desvirtuar, de confundir, que podríamos llamar patraña o estratagema ideológica.

Hemos escuchado denuncias de muchas victimas, que afirman que la JEP ha ignorado a muchísimos personas su condición de victimas y que no ha querido escucharlas. Un ejemplo, tan grande como un elefante, denunciado con insistencia, es el de las niñas de la Corporación Rosa Blanca. Todas ellas desmovilizadas de las Farc, en su gran mayoría fueron reclutadas forzadamente, todas violadas, muchas obligadas a abortar y buena parte de ellas testigos del fusilamiento de aquellas que se negaban al aborto o que vieron un buen porcentaje moría por causa de un aborto salvajemente practicado.

Le queda a uno la impresión que la JEP, en su afán de lavarle la cara a las FARC, esta revictimizando a todas estas mujeres que hoy podrían contar su historia pero no las escuchan y tratan de acallar su voz. Ellas a su vez son testigos de excepción de todas estas atrocidades y tal parece que no les conviene escucharlas en esos remedos de juicios que se están realizando “contra” los cabecillas de la supuestamente “desmovilizada” guerrilla que muchos llaman las “extintas Farc”.

Le han hecho mucha propaganda a las supuestas victimas del Estado y de manera exagerada han inflado los “falsos positivos” multiplicandolos por 10, intentando que se piense que esta fue una política de los gobiernos y por ese camino afirmar que estas tambien son victimas del Estado.

Las cifras recientemente publicadas por la JEP, de 6.402 victimas de “falsos positivos”, supuestamente ocasionadas de miembros de la fuerza pública, son un chiste, no tienen una base de datos verificable en la que aparezcan las victimas con nombre, apellidos y cédulas, etc., son solo números lanzados aventureramente por algunas de esas ONG, de las cuales hemos hablado en el pasado, de aquellas que el presidente Alvaro Uribe llamara, alguna vez, como “mercaderes de los derechos humanos”, expertas en montajes, testigos falsos, cifras infladas y demandas contra el Estado colombiano en las Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pero el grueso de las victimas son olvidadas, son invisibles. La mayoría de las victimas civiles pero allí también encontramos un gran grupo que han sido invisibilizadas por ese ejercicio mediático de la prensa de izquierda coludida con los grupos irregulares: Los soldados y los policías.

Según los últimos datos registrados, de 374.512 uniformados fueron victimas en este conflicto y ha sido reconocidos en registro único de víctimas. Se han identificado que fueron afectados con 419.174 actos victimizantes que constituyen violaciones al DIH y a los DDHH, esto quiere decir que al menos 44.662 personas fueron afectadas con más de un hecho victimizante.

Lo más ofensivo es que la JEP, después de 3 años de la apertura del macro caso 05, en el cual han identificado (según cifras de la misma JEP) unas 180.000 victimas en los territorios del norte del Cauca y sur Del Valle del Cauca, solo han reconocido a un (1) soldado como victima. ¿Porque? Podría pensarse que la JEP hace sus propias normas y desconoce el registro único de victimas que ha sido creado por la Ley 1448 del 10 de junio de 2011.

Esta Ley “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, considera víctimas, a las en forma individual o colectivamente, a personas hayan sufrido un daño o atentado por acciones de agresión ocurridas a partir del 1 de enero de 1985, y que dichas acciones contengan infracciones al DIH (derecho internacional humanitario) o de violaciones graves a las normas internacionales de DDHH (derechos humanos), sucedidas en el marco del (supuesto) ”conflicto armado interno”.

Son muchas las personas de la izquierda, para quienes la paz es un arma de guerra política (combinación de todas las formas de lucha), que sostienen que los policías y militares no deben ser considerados victimas, pues ellos entraron a las diferentes instituciones de manera voluntaria y conociendo los riesgos a que estaban expuestos. El argumento parece tener cierta lógica, pero precisamente esta no ha sido una “guerra” en la que se respeten las normas establecidas internacionalmente para los conflictos armados. Por eso inicie este articulo con el caso de Puerres (Nariño).

Pero no, esta supuesta guerra, reconocida por Santos, para darles estatus político a las Farc y que pudieran negociar de tu a tu con el Estado colombiano, no era realmente una guerra, era y sigue siendo, una agresión terrorista contra un Estado democrático, que les habría permitido tramitar sus diferencias en los escenarios de la democracia. Son y siguen siendo bandas de criminales despiadados, criminales que no respetaban ninguna de las normas del derecho internacional humanitario ni entendían que son los derechos humanos.

Producto de esa mal llamada guerra los militares y policías han sufrido, no en el escenario de una guerra sino de la agresión terrorista, 419.174 afectaciones graves tales como: secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado de ellos o de sus familias, etc.

Desglosar esa cantidad de hechos victimizantes, podría ser demasiado tedioso para los amables lectores, por ello me referiré solamente a algunos tipos de casos, para que se hagan una idea de la gravedad de lo sucedido y sus afectaciones a los héroes de la patria y sus familias.

Una de las mas grandes afectaciones sufridas por los militares y policías, es el desplazamiento forzado, con 316.009 casos. Muchas de las familias de nuestros soldados y policías tuvieron que abandonar sus pequeñas fincas, sus casas y huir sus regiones, porque recibieron amenazas de muerte, por el hecho de tener un hijo en la Fuerza Pública. Interesante analizar la discriminación constante: desde el gobierno de Pastrana se vienen adjudicando subsidios (vivienda, educación, salud, etc.) a todos los desplazados, pero allí no han estado incluidas las victimas militares o policías y sus familias.

45.908 homicidios es una cifra escalofriante. Este es el riesgo que corren los militares y policías en su principal obligación: defender la constitución, la vida, la honra y los bienes de todos los colombianos. Así que esta es la deuda que tiene la sociedad colombiana con estos hombres, mujeres de la las Fuerzas Armadas que perdieron a sus hijos, esposos o padres en ejercicio de nuestra defensa.

Uno de los mas grotescos crímenes es la utilización de armas no convencionales, prohibidas por los convenios internacionales. En Colombia proliferan los campos minados, sembrados con minas anti persona, que produjeron 6.602 mutilaciones en miembros de la fuerza publica y 5.185 en personas civiles. Recordemos como estos criminales las sembraban cerca a las escuelas y en los caminos verdales por los que circulan los campesinos y sus familias, con el fin de aterrorizar. Ellos a esto, lo llaman guerra sicológica, porque con esto mantienen aterrorizadas a las comunidades. Tengan en cuenta que produce más terror, en determinada población, el joven mutilado caminando con muletas por el pueblo, que si hubiese muerto, pues enterrado pronto se olvida.

Una cifra mas baja, pero no menor, son los 2.462 secuestros de personal de la fuerza pública, quienes pasaron lustros en campos de concentración. Algunos estuvieron secuestrados, encadenados del cuello a un árbol, por casi 15 años. El universo total registrado por la unidad de victimas, con corte a enero de 2021, es de 110.454 de personas secuestradas en colombia, durante el periodo que define la ley 1448 de 2011. Muchos de ellos jamás regresaron a sus hogares.

Pero produce más desazón el hecho que la mencionada Ley de Victimas, no incluya a las victimas militares, respetando el derecho a la igualdad, como sujetos de la reparación que otorgará el Estado a las demás victimas. La Ley 1448 de 2011, en el Parágrafo 1° del artículo 3, dispone que cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas su reparación económica corresponderá por todo concepto al que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable. Ante tal decisión son varios los juristas que han intentado reclamar, sin éxito, el derecho a la igualdad.

Valdría la pena preguntarse si la afectación de los derechos a la vida y a la integridad personal a los miembros de la Fuerza Pública como consecuencia de graves violaciones al DIH, por parte grupos ilegales, constituye o no un riesgo propio de la actividad militar.

Para un observador externo, afirmo que esto es discriminación y que se invisibiliza aún más a los miembros de la la Fuerza Pública victimas del terrorismo.

Nota al margen: Tal parece que una buena parte de los votantes de Iván Duque, se han convertido en los principales enemigos de su gobierno y con sus criticas irracionales parecieran hacerle campaña a Gustavo Petro, Que no se nos olvide Venezuela. Para todos los exigen que exigen derechos, salud, educación, subsidios, infraestructura, etc., les cuento que todo eso se hace con recursos… que se agotaron durante la pandemia.

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Llevo varios días buscando los “sagrados derechos” o los “derechos sagrados” y con sorpresa no los encuentro, quizás podría decir que si no aparecen en nuestra constitución de 1991 es porque no existen. Aquí vale la pena aclarar que todo es posible con nuestras Cortes y que quizás ellas podrían haber elevado algunos derechos a “sagrados” en alguna sentencia de aquellas que favorecen guerrilleros para ponerlos por encima de los derechos fundamentales que si vienen expresos en nuestra Carta Política.

Aunque aquellos (los Magistrados) nunca se han distinguido por religiosos, sobre todo cuando se hace tanto énfasis en que Colombia, según la Constitución, es un ”Estado Social de Derecho” y en muchos otras predicciones que se hacen lo definen como un estado “Laico” -aunque la palabra esta tampoco aparece en nuestra Carta Magna-.

Algunos dirán ¿y a este “man” que bicho le picó? Pues ya les cuento de donde vienen mis inquietudes:

Recientemente en una entrevista que hiciera Vicky Dávila al Senador Petro, en la que ella afirmó, con toda razón, que los integrantes del M-19 habían actuado como hampones, el mencionado Senador montó en cólera y le espetó a Vicky que ellos no eran hampones, que ellos siempre habían hecho uso del “sagrado derecho a la rebelión”. ¡Háganme el favor!, tampoco aparece en la Constitución colombiana ningún derecho a la rebelión (ni siquiera esa palabra rebelión esta incluida en ese texto), mucho menos que sea un derecho y muchísimo menos sagrado. Otra vez, la palabra “sagrado” tampoco aparece en nuestra Carta Magna. Que trabalenguas ¿no?

En aras de la verdad si existe en la Carta Magna el delito político, allí mencionado pero ni siquiera está definido. Buscando otras textos, encuentra uno que el delito político se entiende como “aquellos actos o acciones que atentan contra la Constitución y el orden constitucional establecido”. En el Código Penal Colombianos (Ley de la República 599 de 2000) se encuentran varios tipos de delitos políticos, voy a transcribir “el delito de rebelión” (nótese, que es un delito, no es ningún derecho y mucho menos sagrado)

“Artículo 467. Rebelión: Los que mediante el empleo de las armas pretendan derrocar al Gobierno Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente, incurrirán en prisión de noventa y seis (96) a ciento sesenta y dos (162) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”

En este mismo código penal tambien se encuentran, como delitos políticos, la sedición, la asonada, circunstancias de agravación punitiva, la conspiración, seducción usurpación y retención ilegal de mando, entre otros.

Pero como este no es un artículo júridico sino un análisis de esas afirmaciones absurdas que hemos escuchado en boca de Petro varias veces y con mucha frecuencia de boca de Timochenko y todos sus secuaces, hoy en el Congreso de la República: “El sagrado derecho a la Rebelión".

Pues como habrán entendido: no es un derecho, no es una prerrogativa, es un delito.

Afortunadamente para ellos, la constitución no los inhabilita para ser congresistas, jueces o funcionarios elegidos directamente o por mandato popular, a quienes hayan comtetido delitos políticos, si han pagado sus penas o si han sido indultados (que han sido perdonadas sus penas) o amnistiados (perdonados y eximidos de castigo por determinadas penas), tendrán derecho a una vida con plenos derechos.

Pero hasta ahí estos delitos normalmente son entendidos y hasta aceptados cuando se cometen en contra regímenes autoritarios, dictaduras, gobiernos esclavistas y violadores de los derechos humanos contra todo un pueblo, pero es difícil de entenderlos contra gobiernos democráticos como los que ha tenido Colombia en los últimos 60 años. Por esta razón, estos grupos guerrilleros han intentado por años vender al mundo, una imagen de Colombia que se asemeje o incluso sea peor que la imagen de las mas sangrientas dictaduras.

Por esta razón, han inflado los “falsos positivos” casi por 30 veces su número real, por esta razón muestran a nuestros presidentes, especialmente Alvaro Uribe, como vulgares asesinos y les adjudican todo tipo de delitos, así sean falsos y que precisamente nunca han podido probar.

La comunidad internacional es benévola con estos rebeldes, pero deja claro que no son amnistiables ni indultables cuando se cometen delitos contra la humanidad, los tambien llamados de lesa humanidad. Es decir, en medio de la rebelión no se pueden infringir los DDHH ni el DIH. Tampoco considera la comunidad internacional que delitos comunes puedan ser declarados como conexos con el delito político.

Como la mayoría ustedes, mis habituales lectores, saben, yo soy ingeniero y hasta aquí llego, no quiero meterme en honduras para no arriesgarme a cometer imprecisiones y mucho menos pienso enfrentarme a ciertas interpretaciones de abogados que pudieran ser afines al “sagrado derecho de la rebelión”. Mi objetivo con este escrito, para el cual debí leer varios documentos, es mostrar como estos señores que se autodenominan rebeldes, en Colombia, no son más que hampones como decía Vicky Dávila al señor Petro.

Dentro de lo leído, encontré una tesis (2014 no pongo el autor porque no quisiera tener este tipo de enemigos gratis) en la que hacen toda una reflexión que parece una gran disquisición, con la que pretenden demostrar que la rebelión es un derecho en Colombia, para lo cual parten del supuesto de que hemos tenido casi un siglo de gobiernos asesinos, terroristas, represivos, ladrones, usurpadores de tierras, discriminando a las minorías, a las etnias, etc.

La verdad uno se queda “boquiabierto” de la capacidad de argumentación, de la gran inteligencia de sus autores, de la gran capacidad dialéctica de estos señores. Si uno tuviera poca información sobre la historia, seguramente sería seducido completamente y definitivamente convencido de que esas tesis son verdad.

Uno de mis hijos, que escuchó a Gustavo Petro, en su salida de ropa con Vicky Dávila, me dijo que Petro había sido muy convincente en sus argumentos respecto a la rebelión, hecho que aún más me motivó a realizar este escrito, pero debía leer para estar seguro de lo que iba a afirmar y ser preciso en estos conceptos, que ya tenia pero debía confirmar.

Ni el derecho a la rebelión existe, ni existe el derecho a la protesta en la Constitucón colombiana, y en todo caso, el delito político deja de serlo cuando se cometen en su nombre delitos de lesa humanidad. ¿Recuerdan que todos los lideres de las protestas, que terminan en asonadas, en actos vandálicos, en muertes y en destrucción de propiedad publica y privada, hablan del “sagrado derecho a la protesta”? Pues ni es un derecho y menos es sagrado. No existe, vayamos a La Constitución de 1991:

“Artículo 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.”

Asi que, señores periodistas y políticos, dejen de alimentar ese “derecho a la protesta” que no existe. Si existe la manifestación pacífica, pero cuando se sale de cauce, aparecen múltiples delitos. Hasta aquí este punto.

Pero volvamos al M19 y a las FARC, los mas aficionados a los derechos sagrados:

¿Creen ustedes que haber sucuestrado a José Raquel Mercado, un sindicalista, por parte del M19, haberlo torturado y posteriormente asesinado, esta tipificado como aceptable el alguna norma del derecho colombiano o el internacional? Allí hay varios delitos, pero el secuestro, la tortura y el “asesinato en persona protegida” (este último es como llaman a los falsos positivos), son delitos de lesa humanidad y no podrían ser ni indultados ni amnistiados según el Estatuto de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional.

¿Creen ustedes que haber incendiado un edificio (El Palacio de Justicia) con mas de 350 personas dentro, entre ellos la totalidad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es aceptable como “derecho a la rebelión”? En aquel holocausto se salvaron mas de 270 personas porque el Ejército de Colombia y la Policía Nacional, los rescataron.

Lo más doloroso fue la muerte de mas de 80 personas, algunos calcinados, como se encontraron a los magistrados que estaban en el cuarto piso del Palacio. Para que se hagan una idea, encontraron montoncitos de cenizas en una de las escenas más dantescas que pueda imaginarse persona alguna. Ni en las películas más sanguinarias que presenta Netflix, puede uno imaginarse tal cosa.

No señor Petro, ese nunca fue su derecho ni el de sus socios, y si lo fuera, jamás estaría por encima del derecho a la vida de estas personas que vivieron semejante horror. Quizás les parezca licito a algunos el hecho de que fueron financiados por Pablo Escobar.

Pero ampliemos el espectro, veamos los crímenes que niegan haber cometido las Farc (un resumen para no alargarnos) pero que miles de víctimas lo atestiguan, para que ustedes me digan si esto esta dentro de algún derecho sagrado o más bien son delitos de lesa humanidad:

Haber reclutado a la fuerza miles de niños (la JEP y las FARC han tratado de desinflar las cifras), según datos suministrados hace unos meses por Herbin Hoyos Medina (QEPD) todos sustentados ante la JEP, el número de niños que sufrieron esta aberración de manos de los supuestos rebeldes supera los 50.000 niños, y es muchísimo más que lo publicado por la Comisión de la Verdad, la JEP y por el Centro de Memoria Histórica.

Pasa lo mismo con las niños y niñas fusilados (por las FARC) por algún acto de indisciplina. O las niñas violadas y obligadas a abortar en actos salvajes a los que no sobrevivían ni la mitad de ellas. O los secuestros de miles de personas al año, o los actos terroristas como haber atacado, con cilindros bomba y armas no convencionales, más de 450 poeblados solamente durante el periodo de conversaciones en el Caguan (los pueblos más pobres de Colombia ¿Alguien lo entiende?), ataques en los que morían tanto policías como los pobladores humildes de estos alejados pueblos. O la siembra de minas anti personas junto a escuelas o a veredas por la que transitaban campesinos y sus hijos.

Y pensar que, amparados en esta aberración mental, tratan de minimizar todas estas atrocidades para decir que tenían un derecho elevado a la categoría de sagrado.

No señores Petro, Tiochenko, Tornillo y sus socios en el delito. ¿Saben porque lo llamaban así a Alias Carlos Antonio Lozada o Alias Tornillo? Los niños hombres le corrían porque los violaba el muy pervertido. Así que las víctimas de este delito no era exclusivamente contra las niñas.
Claro que el mensaje no es para ustedes señores cínicos, que quieren que los llamen ex… ¿Exasesinos, exterroristas o ex violadores?

No, el mensaje es para la juventud colombiana, para que no crean en cantos de sirenas, para que se informen sobre las atrocidades de estos barbaros que quieren gobernarnos, estos terribles “seres humanos” (quízas ni merezcan ser llamados seres humanos) que de llegar a la presidencia acabaran con este país.

NOTA AL MARGEN:

¿Sabían ustedes que entre los militares, en este mal llamado conflicto, se han identificado más de 350.000 víctimas que tendrían derecho a la reparación como a cualquier colombiano y que la Ley de Víctimas de Santos, los reconoce como víctimas pero los excluye de la reparación económica? Esta es una fotografía del talante del Traidor.

Creo que sobre esta traición a las Fuerzas Armadas he escrito mas de 15 artículos que están en blog: http://jebotero.com los invito a leerlos.

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Ya es costumbre que, cuando las noticias se centran en algún hecho que no conviene a la izquierda radical o a quienes los favorecen, la arremetida contra las Fuerzas Militares no se hace esperar. Es el caso de las recientes noticias sobre testimonios en contra de Juan Manuel Santos, por parte de sus cómplices, en el caso Odebretch que enlodan sus campañas presidenciales y casi simultáneamente el destape del llamado “hacker Sepúlveda” quien ha declarado que fue presionado, amenazado y obligado a dar falsos testimonios contra Uribe y contra el candidato uribista, quien había ganado la primera vuelta y punteaba en las encuestas, lo que demuestra que SI hubo un montaje siniestro para robarle la presidencia a Óscar Iván Zuluaga en 2014.

A partir de estas noticias, rápidamente la JEP sacó un informe sobre el número de falsos positivos que se produjeron en el gobierno de Alvaro Uribe, cifra completamente inflada como ya es costumbre en los intentos por deslegitimar a las FFMM con un despliegue, sin precedentes, de medios a nivel nacional e internacional. Posteriormente vino el siguiente escándalo mediático a propósito del bombardeo en el Guaviare, contra las mal llamadas disidencias de las Farc, mas concretamente contra el grupo que comanda “Gentil Duarte”, en el cual murieron 13 guerrilleros entre los cuales, había una niña de 16 años. Todos estos ataques mediáticos llenos de falsedades son perfectamente coordinados.

Esta vez, un siniestro periodista, que un día utiliza su fachada de periodista y otro su mascara de político, Hollman Morris, quien nos ha demostrado desde hace años su estrecha amistad con las Farc, aliado con otro amigo de las Farc, Roy Barreras, conocido enemigo de las FFMM y del Gobierno, decidieron adelantarse a las noticias y armar un escándalo internacional, advirtiendo que habrían muerto, en este bombardeo, al menos 14 menores de edad entre los cuales habían dos (2) niños nueve (9) años. Por supuesto, los periódicos que sirven a la izquierda internacional, como El Pais de España, se apresuraron a publicar este brutal escenario sin contrastar los hechos y analizar si sus fuentes eran confiables. Imaginémonos las matemáticas de estos personajes, fueron dados de baja 13 guerrilleros pero murieron, según ellos, 14 menores de edad.

Recordemos la clase de periodista que es Hollman Morris, en una de las liberaciones de soldados en febrero de 2009, liberaciones coordinadas por otros amigos de las Farc (Piedad Córdoba y Hugo Chávez). A pesar de que en la misión de la Cruz Roja, que fue a recoger a los secuestrados que iban a ser liberdados, le negaran un cupo en el helicóptero, allá apareció. Contra toda advertencia y en contra de la ética de periodista procediió a entrevistar a los soldados, cuando estos aún se encontraban secuestrados y que se encontraban aún bajo la amenaza de los fusiles de las Farc, entrevistas estas encaminadas a tratar de mostrarle al mundo una falsa verdad (mentira) tan retorcida como las “primicias” que le dio en estos dias al diario El País.

Esta vez lo que pretendían Morris y Barreras, era hacer un debate en el Congreso que seguramente estaría seguido de una moción de censura contra el ministro Diego Molano, con el afán de desprestigiar al gobierno de Iván Duque y quizás lograr la renuncia del Ministro. Desafortunadamente para ellos, Medicina Legal pudo identificar a las bajas en el bombardeo y certificó que no existían, ni tal cantidad de menores y menos que hubieran niños de entre 9 y 13 años como se afirmaba por parte de los falsarios. Claro, si había una menor de edad, una muchacha de 16 años, pero claramente “enfusilada”, entrenada y vestida de guerrillera. Lamentable esta baja pero la operación de nuestras FFMM siguió todos los protocolos del Derecho Internacional Humanitario (DIH), lo que la hace completamente legítima. Es importante aclarar que ante el DIH, se consideran combatientes a partir de los 15 años, una triste realidad quisiéramos no ocurra más en Colombia.

Recordemos el bombardeo en el Caquetá (agosto de 2019) contra el campamento de “Gildardo Cucho”, operación también legítima pero mediáticamente satanizada por los mismos motivos. Esta generó un debate contra el ministro Guillermo Botero, quien para defender al Presidente decidió renunciar aunque la moción de censura no tuvo los votos para destituirlo.

Aquel bombardeo produjo 18 bajas (según informe de medicina legal) entre los cuales había 7 individuos menores de 18 años entre ellos uno de 12 años, uno de 15 años y el resto entre 16 y 17 años, pero el mismo Roy Barreras infló la cifra y redujo la edad de los menores que allí habían muerto. No solo Roy Barreras sino Iván Cepeda acompañados todos sus aliados en el Congreso han catalogado esta operación como una “masacre” adornada con la cereza de los “falsos positivos”, frase corta pero con alcance internacional, favorita en el lenguaje de estos señores de izquierda.

Esta situación no es nueva, desde hace muchos años hemos visto los recurrentes y cíclicos ataques contra nuestros militares, con el objetivo de desviar la atención de algún tema relevante y de paso mancillar su imagen. Pero casi todas estas acusaciones tienen algo en común, inflan las cifras, inflan las victimas, rebajan sus años y presentan un panorama aterrador.

No es difícil pensar que pronto aparecerán “familias desplazadas”, reclamando a sus “hijos desaparecidos” (en la operación reciente del Guaviare), representadas por alguna ONG del corte del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y demandando a las FFMM y al gobierno por otro número elevado de supuestos asesinados o desaparecidos, como pasara en el Caguán hace tantos años. La estrategia está servida, se sabe como funciona y que funciona muy bien, vendrán las condenas contra nuestra Fuerza Pública y contra La Nación en La Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Lo más decepcionante es el periodismo colombiano que con el afán de vender periódicos dan crédito a todo lo que dicen estos señores sin ninguna contrastación, a las noticias infladas y difamatorias, rayando en el activismo periodístico. Lo más paradójico en estos casos, es que jamás escucha uno a los políticos y muchísimo menos a los periodistas, al menos cuestionar el fenómeno del reclutamiento, no analizan si la culpa de esas muertes es realmente de quienes reclutan a los menores de edad, de aquellos que en cumplimiento de unos libretos “revolucionarios” (que de revolucionarios no tienen nada, mas bien libretos criminales) siguen reclutando niños y niñas para convertirlos en “maquinas de guerra”, escudos humanos y en carne de cañón.

Frase desafortunada en estos tiempos, la del ministro Molano, pero cierta, esos menores reclutados los convierten en “maquinas de guerra”, con ella titularon casi todos los diarios en Colombia y varios por todo el mundo. Pero noten que la noticia es la frase del Ministro y no el reclutamiento de menores.

Hoy corresponde a los colombianos apoyar al Presidente, al Ministro y a las FFMM en la lucha contra los grupos armados, especialmente contra las Farc (mal llamadas disidencias), que ahora cuentan nuevamente con un brazo político en el Congreso, un partido en la “legalidad” y paralelamente tienen su brazo armado, como sucediera hace tantos años después de que firmaran un acuerdo de paz con Belisario Betancur: el grupo creó la Unión Patriótica (UP) y paralelamente otros siguieron en el terrorismo. ¡Bonito así!

Parece que la historia se repite con asombrosa semejanza, pero cada vez los efectos mediáticos son más demoledores.

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Habría que recordar que, cuando se supo que el Presidente estaba negociando, en secreto, con las FARC al inicio del supuesto proceso de paz, el entonces presidente Juan Manuel Santos, justificó sus negociaciones afirmando que las Farc habían sido derrotadas y que esa era la razón para que se hubieran sentado a negociar. Esta es quizás una de las pocas veces en las que el señor Santos no mintió.

Era verdad, nuestras Fuerzas Militares, durante el gobierno de Alvaro Uribe y en los inicios del gobierno Santos, ganaron la guerra, derrotaron a las Farc, derrotaron a los mal llamados paramilitares y al ELN. Este último ya era un grupito que daba risa. Prueba de ello es que cuando este Presidente asumió el poder, encontró que los cabecillas tenían sus centros de operaciones y campamentos, en Venezuela y en Ecuador, con autorización de los respectivos gobiernos. Hoy el ELN fortalecido hace lo mismo que las supuestas “disidencias” de las Farc, opera y coordina su accionar delictivo desde Venezuela.

Desde sus campamentos en los países fronterizos estos terroristas entraban al país donde adelantaban ataques cobardes, principalmente en la frontera, para después correr como cobardes a sus refugios protegidos por los gobiernos venezolano y ecuatoriano. Excepcionalmente algunos mandos de las Farc permanecían en Colombia, por periodos cortos de tiempo, para poder conservar la moral de sus hombres, una tropa ya muy mermada y maltrecha, que se escondía principalmente en las zonas de selva lejos de las ciudades. Los últimos -y más importantes- que cayeran bajo el fuego de las Fuerzas Armadas fueron el Mono Jojoy (el más sanguinario de los comandantes) y Alfonso Cano (que murió siendo comandante que fue reemplazado por Timochenko).

Después, más avanzada la negociación, se empezó a manejar la tesis según la cual a las Farc era imposible derrotarlas. De esta tesis se derivaron varias de las justificaciones mas absurdas, traídas de los cabellos, que se manejaron durante la polémica nacional que se alimentaba de las noticias que llegaban de La Habana: “¿Si es imposible derrotarlas, vamos a seguir en guerra otros 50 años?”, “nadie se desmoviliza para ir a la cárcel”, “un grupo guerrillero se desmoviliza para hacer política” y muchos otros argumentos que justificaban la claudicación de un Estado vencedor y que lo convertían en un Estado vencido. Recordemos que por ello decía Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno, que “este era el mejor Acuerdo posible” y repetía mismos argumentos ya comentados, reforzando mediáticamente la idea, según la cual, las Farc -invencibles- habían quedado en tablas con el Estado colombiano. Toda esta mentira, fue formulada así, para poder justificar que en la mesa de La Habana se estaba negociando entre iguales.

Pero lo mas grave es es que la negociación no parece siquiera entre iguales sino que el resultado fue como si el Estado colombiano hubiera sido el vencido. Se les aceptó a las FARC todo lo que exigieron, incluso una justicia diseñada por los guerrilleros para guerrilleros, asesorados por los la izquierda internacional, pero con una condición especial, con facultades para juzgar a sus enemigos -el Estado-. Siempre se ha dicho que la historia de las guerras la escriben los vencedores, pero tal parece que en esta “guerra” los vencedores fueron las Farc porque son quienes la están escribiendo con sus amigos.

Claro que esta situación no es nueva. En la historia de America del Sur, aparecen guerrillas comunistas que se enfrentaron a dictaduras militares, Argentina y Chile, para citar solo dos ejemplos, las guerrillas fueron derrotadas pero la izquierda internacional diseño unos organismos no oficiales llamados las Comisiones de la Verdad, avaladas e impulsadas por las ONG de izquierda, mediante las cuales se mostró siempre a los estados como victimarios y a las guerrillas como las victimas, olvidando el barbarismo desatado por estas contra sus pueblos por parte de estos terroristas de izquierda. Yo me pregunto ¿Quien comete un acto terrorista es un terrorista? Para mi si, no se ustedes que piensen.

En Colombia, quienes asesoraron al Gobierno y lideraron el proceso de paz en La Habana, son claramente personas de la izquierda colombiana que también tuvieron asesores internacionales bastante avezados en esta guerra política. Esta victoria política la vienen estructurando desde hace muchos años y esta vez (en Colombia) la han diseñaron de manera impecable para mostrar a este Estado Democrático y a sus fuerzas militares, como los victimarios. Pero la tela de araña les quedo perfecta, no solo crearon la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (Comision de la Verdad como las del Cono Sur, pero esta vez, oficial) sino que con la Justicia Especial para la Paz (JEP), diseñada para cubrir de impunidad a las Farc y como nos han demostrado en estos dias, para perseguir militares.

La JEP no se ha parado en pelos para indultar y amnistiar guerrillas, se ha tomado su tiempo antes de dictar sentencias con soporte jurídico, solamente ha acusado a 8 máximos responsables del atroz delito del secuestro sin que exista condena alguna, nunca ha hecho informes de los mas de 10 mil niños reclutados forzadamente, o de los horrendos crímenes de la guerrilla contra las niñas que eran violadas, obligadas a abortar y otras muchas fusiladas. Esas son noticias que no les convienen y que se manejan con toda reserva, noticias que tratan de callar, los procesos se llevan a puerta cerrada, pero lo más triste es que tampoco a la prensa le interesa. Son pocos los periodistas que se ocupan de todos estos hechos, valga mencionar al amigo fallecido en la pandemia, Don Herbin Hoyos Medina.

Eso si, apresuradamente saca la JEP un informe inflado del numero de victimas de los más llamados “falsos positivos”, y denuncia al mundo como noticia sensacionalista que las supuestas victimas de estos crímenes fueron 6.402, numero 3 veces mayor al entregado por la fiscalía colombiana en mas de 20 años de investigaciones. Es claro la JEP actúa con un objetivo político, desprestigiar a una Fuerza Pública que derrotó a las Farc en defensa de los colombianos y tratar de llevar a Alvaro Uribe ante la Corte Penal Internacional. Esta noticia salió sincronizadamente en la prensa de izquierda en todo el mundo coordinada cuidadosamente por Human Rigths Watch, una ONG financiada por George Soros.

Y esto apenas empieza… algunos de mis lectores recordarán que estoy cansado de decir como terminará esto: Los militares que ganaron la guerra en las cárceles y los guerrilleros en el poder.

La conclusión es simple: los colombianos perdimos la guerra.

La pregunta es: ¿Cuánto nos demoraremos en tener un presidente con pasado guerrillero y en llegar a ser como Venezuela?

Twitter: @jebotero

Recientemente, recibimos la noticia según la cual la JEP imputa, en el macro caso 001 (retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP entre 1993 y 2012), a los miembros del secretariado de las FARC como “máximos responsables”, por haber cometido crímenes de lesa humanidad. La noticia señala que se imputa a los lideres de las FARC por “secuestro, tortura y violencia sexual”, decisión catalogada por la prensa como “la historica imputación”.

Al menos dejaremos de escuchar los eufemismos tales como “retención ilegal”, con los que los cabecillas terroristas de las FARC se referían al secuestro, con lo cual han tratado de suavizar sus tenebrosos crímenes. También negaban que el secuestro fuese una política de las FARC y dijeron no tener conocimiento de tratos crueles, las torturas, los asesinatos de los indefensos secuestrados y las muchas desapariciones.

Después de escuchar las candorosas versiones de los cabecillas, todas ellas plagadas de cortinas de humo tales como historias del conflicto (según ellos) o de sus ideales políticos, tratando de suavizar y matizar los crímenes, la JEP por fin llama al secuestro por su nombre: SECUESTRO, y lo califica como crimen de lesa humanidad.

En el desarrollo de las audiencias algunas victimas se hicieron presentes, escucharon estupefactas las negaciones llenas de cinismo de las FRAC. Solo algunas tuvieron oportunidad de ser escuchadas. Solo fueron reconocidas alrededor de 1700 victimas de un universo de 28.800, victimas asociadas a hechos victimizantes que estudió la JEP en el mencionado macro caso. Al parecer muy debajo de la realidad que han mostrado algunas ONG y documentada durante años.

Aun no hay sentencia, se viene un espacio de 30 dias en las que los cabecillas de las FARC deben reflexionar y decidir si reconocer que si fueron sus políticas, que si fueron secuestros, que si hubo torturas y malos tratos que ellos conocían, que si permitieron asesinatos, violaciones y desapariciones. La otra alternativa es no reconocerlo, en cuyo caso, dice el documento de los Acuerdos de La Habana, irían a un juicio en el cual podrían se condenados a prisión hasta por 20 años si se prueba lo que ya sabemos.

Esta es otra de las tantas burlas: Presentan sus versiones, bajo la gravedad del juramento y “en cumplimiento” de los acuerdos, completamente alejadas de la realidad. Y ahora tendrán la oportunidad de retractarse de lo dicho y declararse culpables de todo lo que se les acuse para evitar la cárcel. ¿No es absurdo? ¿No es una burla? ¿Porque no dicen la verdad desde el principio? ¿Por qué les dan la oportunidad de retractarse de sus mentiras y no declararles un incumplimiento?

En sana lógica, todas las mentiras que han dicho deberían servir para demostrar el incumplimiento de los acuerdos y pasar directamente a una juicio, ya que se han demostrado sus mentiras, con miras a una condena de cárcel por 20 años. Lo mismo sucede en todos los macro casos, no se imaginan la cantidad de mentiras que han dicho respecto del reclutamiento de niños y niñas, sobre las violaciones, los abortos forzados y los fusilamientos de niños.

A propósito, ese reclutamiento de niños debería ser considerado como secuestro, sin perjuicio de que les quepan otras tipificaciones penales.

No podría uno decir cual de todos los secuestros, con todas sus variantes, pudo ser más grave o más infame, pero si podríamos mencionar someramente algunos casos que afectaron masivamente a algunos colombianos: los niños y niñas reclutados, los casos de soldados y policías secuestrados en varios de los ataques a bases militares o a poblaciones y el caso de los diputados de Valle. Veamos una mención sucinta de estos casos:

Los niños y niñas eran reclutados a la fuerza desde sus escuelas (secuestro), en muchos casos señalados por sus propios maestros (afiliados a FECODE, existen testimonios y pruebas). Testimonios de muchachos, hoy fuera de las filas, que fueron reclutados siendo muy niños, dan cuenta de que existían muchas escuelas de guerrilleros en diferentes frentes y en ellas adoctrinaban y entrenaban a miles de menores. Se sabe que muchas de ellas albergaban de 500 niños por cohorte, con mas de 3 cohortes por año y funcionaron durante muchísimos años. Es decir, cuando nos hablan de aproximadamente 3.500 niños reclutados, tengan la seguridad de que están dividiendo por 15 o por 20 el numero real de niños secuestrados (reclutados forzadamente) y entrenados para la guerrilla. El niño o niña que lloraba, se quejaba, se robaba un pan por tener hambre o desobedecía una orden era fusilado sin clemencia, pero como estaban en entrenamiento, ponían a otro niño a que lo fusilara. Se ha sabido de un niño al que obligaron a fusilar a su hermanito.

Recordemos que hubo hombres de la fuerza pública secuestrados por muchos tiempo, algunos de ellos 10, 12 y hasta 14 años, en campos de concentración similares a los de la Alemania Nazi. Encadenados, humillados y tratados peor que a los cerdos (según declaraciones del General Mendieta, secuestrado por 12 años y que además sentenció frente al macro caso 001: “Farc está ofendiendo la dignidad de los que fueron secuestrados”), sus historias son sobrecogedoras, su martirio indescriptible y los malos tratos apenas imaginable de las más sanguinarias fieras que se conozcan en la historia de la humanidad.

En 2002, las FARC secuestraron a los 12 diputados de la Asamblea del Valle del Cauca, todos los miembros de esta Corporación. Después de 5 años fueron asesinados 11 de ellos y para matizar esta atroz masacre los terroristas inventaron que hubo una incursión paramilitar (auspiciada por el gobierno) para rescatarlos y que por eso fueron vilmente asesinados. Después se demostró la falsedad de esta versión. No debemos perder de vista que el cinismo del grupo guerrillero los ha llevado a endosar las culpas de todos sus crímenes al gobierno o a la misma sociedad colombiana.

Sin embargo, no podemos creer es que vayan a condenar solo a 8 de estos terroristas cuando según estadísticas de la JEP comparecieron 862 guerrilleros desmovilizados, muchos de ellos ya condenados por la justicia ordinaria, que deberían tener al menos las mismas penas (irrisorias) que les darán a los cabecillas. Y si la loca teoría de los máximos responsables se impone, habría que tener en cuenta que el secretariado y el estado mayor de las FARC suman muchos más hombres y mujeres que los 8 mencionas por la noticia. Tampoco se entiende que se exonere a los mandos medios que también eran muchos y estaban encargados de ejecutar todas las ordenes macabras impartidas por los cabecillas. Entendemos que la guerrillerada tenga tratamiento especial, pero no podemos olvidar que un guerrillero ascendía en la cadena de mando, por su crueldad, por su “inteligencia” para acciones sanguinarias, etc.

¿Solo 8? ¿En serio? Esta es la peor de las burlas que puedan recibir las victimas y en general los colombianos. ¿no habían dicho que el proceso se había construido en torno a las víctimas?

En estos dias periodistas entrevistaban en todos los medios, a propósito de esta noticia, al Magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, y se nota claramente cual es la ideología que lo motiva, se enredaba tratando de explicar que la justicia no tiene que ser venganza, al referirse no es lógico que estos terroristas, asesinos y violadores paguen cárcel pues seria una venganza, que lo lógico son penas alternativas y que decir la verdad (que hasta ahora no han dicho) es una muestra del valor que tienen estos hombres. Me pregunto yo: ¿Valientes estos hombres capaces de cometer los crímenes más cobardes?

Repite Cifuentes, como Santos y sus amigos, 4 mentiras que nos vienen recitando por prensa, radio y televisión desde hace 8 años que inició el proceso de paz:

PRIMERA MENTIRA: “Que en un proceso de paz no se puede aplicar la justicia normal, porque eso es un acto de venganza”. Nos quieren hacer creer que la justicia para los guerrilleros es un acto de venganza ¿tambien es un acto de venganza contra el atracador, el violador o el ladrón de bancos? Pareciera que las leyes colombianas solo cobijan a todos los mortales excepto a los asesinos, terroristas, voladores, narcos y secuestradores, porque ellos por haberlo hecho por 60 años, entonces no les aplican las leyes.

SEGUNDA MENTIRA: “Que a las FARC no las derrotaron o que no era posible derrotarlas y que por eso había que negociar”, Uribe le entregó a Santos unas Farc derrotadas cuyos cabecillas estaban en Venezuela y Ecuador, y las pocas “tropas” harapientas y hambrientas escondidas como ratas en las selvas colombianas. Santos recibió unas fuerzas militares y de policía con la moral en alto, entrenadas, equipadas, empoderadas y con un trabajo avanzado, con lo que logró dar de baja al “Mono Jojoy” y al Comandante de las FARC del momento, Antonino Cano.

Sin embargo él (Santos), por buscar un premio Nobel, les dio tregua, dejo de perseguir los cultivos de coca (su mayor fuente de financiación) y los dejó recuperarse. Fue una decisión política de Santos, hacer y conceder todo lo que exigían los terroristas. Yo creo que si se puede negociar, sobre todo con unas fuerzas vencidas como las FARC, pero no puede el Estado vencedor ponerse de rodillas para que los narco terroristas, vencidos, impongan sus condiciones y el gobierno las acepte.

TERCERA MENTIRA: “Nadie deja las armas para ser encarcelado”, Las autodefensas se desmovilizaron, dejaron las armas y aceptaron ir a la cárcel entre 5 y 8 años. Luego, estando en las cárceles, siguieron delinquiendo y Uribe, que si hacia cumplir las leyes y los acuerdos firmados, los extraditó a los Estados Unidos, en donde recibieron condenas mas extensas que las que aquí recibirían. Ese proceso en Justicia y Paz, viene surtiéndose desde el primer quinquenio del nuevo siglo y jamás habló de impunidad. Claro a que a la izquierda y a todos los que hoy abogan por la impunidad para las FARC, en aquella época les parecían pírricas y se rasgaban las vestiduras por las bajas condenas definidas para ese proceso.

CUARTA MENTIRA: “El acuerdo de la Habana es un compromiso de Estado y por eso debe cumplirse”. Falso, no es un compromiso de del Estado. Fue un compromiso de Santos que violó todas las leyes para imponérnoslo. El ESTADO se pronunció en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 y dijo NO a esos acuerdos. La Corte Constitucional había dicho que si el plebiscito se perdía y el gobierno quería refrendarlo debería ser por el mismo mecanismo. Sin embargo, Santos el mayor de los bandidos con una recua de forajidos en el Congreso y en las Cortes, incumplió con las normas que el mismo se había trazado y reformaron la constitución a espaldas del pueblo colombiano. Así que no nos vengan con cuentos, no hay tal compromiso del Estado (Para quienes no lo sepan, Estado es diferente a Gobierno). Con todo y eso, Duque viene tratando de cumplir con lo firmado y es claro que las Farc no han cumplido con nada de lo acordado.

Así que, Magistrado Cifuentes, ahórrese ese cuento de Santos y las Farc, que la justicia es venganza y que por eso, ustedes impondrán “las penas propias”. ¿Propias? Si, parece que son las propias para las FARC, aquellas penas simbólicas que ellos decidieron que les aceptaron, enrutadas al trabajo social, seguro a la “educación” (léase adoctrinamiento) ¿Se integrarán a FECODE?. SI, “Propias” pero de colombianos privilegiados.

NOTA AL MARGEN: ¿Porque será que parece que a la prensa hace fuerza para que a Duque le falle el proceso de vacunación? Esta parece la mayor mezquindad política conocida. Si se retrasan las entregas será porque las farmacéuticas se vienen demorando en ellas.

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Escuché en las noticias al presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, que afirmaba después de los actos vandálicos de un grupo de seguidores del presidente Trump, más o menos lo siguiente: no vayan a decir que son manifestantes, son terroristas. En ese país esa asonada contra el Capitolio es un gravisimo pecado que seguramente será castigado con todo el peso de la Ley e inclusive podría ser vinculado el propio Presidente saliente, por haber arengado e instigado, a sus seguidores, reclamando un fraude electoral que no pudo probar. Pues declaro que estoy de acuerdo con Biden, eso es terrorismo.

Claro que vale la pena llamar a las cosas por su nombre, como lo hizo Biden, y dejar los eufemismos tan usualmente utilizados en Colombia, para describir o definir los acontecimientos que alteran el orden público frecuentemente.

En contraste recordemos cómo la prensa en Colombia, miembros de la justicia colombiana y algunos políticos, han minimizado el acto terrorista contra el Palacio de Justicia de Colombia, por algo más de 35 años, y se han centrado en tratar de demostrar que la tragedia fue ocasionada por la Fuerza Pública y no por un grupo de terroristas.

Para los más jóvenes, hay que contarles que el M19, grupo guerrillero y narco terrorista, que financiado por Pablo Escobar irrumpió en el Palacio asesinando a casi todos los magistrados de la Corte, a varios magistrados auxiliares y a muchos visitantes. Por esos días la Corte se ocupaba de definir la legalidad o no de la extradición de Colombianos hacia Estados Unidos. Pero se ha querido mostrar una culpa inexistente de la Fuerzas del Estado, cuando en realidad el Ejército Nacional y la Policía Nacional lograron rescatar con vida a más de 220 personas aunque tristemente fueron asesinadas más de 80 por el M19 en esta arremetida terrorista.

El terrorismo en Colombia se manifiesta de muchas maneras, pero la prensa y ciertos políticos de izquierda que todo lo aprovechan para subvertir, normalmente tergiversan los hechos.

Recientemente han elevado a la categoría de mártir al joven Dilan Cruz, muerto accidentalmente durante unas marchas vandálica (lo que Biden llamaría terrrorismo), en la que enfrentaban con fuerza y saña a la policía que trataba de impedir la destrucción de un sector céntrico de la ciudad de BOGOTA. Pues Dilan (con un nutrido expediente delincuencial) y sus compinches de asonada, son terroristas disfrazados de estudiantes aunque aquí la prensa no lo ha querido reconocer a pesar de los antecedentes criminales del joven vándalo. La prensa colombiana usualmente los llama manifestantes pacíficos y afirman que la violencia es provocada por la policía. En este caso, al policía que disparó el arma antimotines (no letal) le quieren acabar su vida y si es posible que sea condenado a penas de prision por cumplir con su deber.

Ni hablar de los muertos en la oleada de terror, protagonizada por unos supuestos jóvenes que protestaban por la muerte de un abogado (Javier Ordoñez) a manos de unos policías. Con este pretexto, aunque la justicia empezó a actuar contra los policías que cometieron ese repudiable crimen, unos grupos terroristas (ojo que estoy siendo consecuente con el lenguaje de Biden) decidieron atacar de manera simultánea y coordinada a los policías en los CAI de varias ciudades, ocasionando destrozos de estas instalaciones, heridas a muchos policías y muerte a ciudadanos que tuvieron la mala suerte de cruzarse en las rutas de las hordas asesinas, en aquellas jornadas perfectamente planeadas e instigadas por la izquierda radical. Pero la prensa y los políticos matizaron los hechos, aún hablan de protestas pacíficas. Si se comparan las asonadas del 9 y 10 de septiembre de 2020 con lo sucedido en USA, podríamos decir que lo sucedido recientemente en el país del norte es apenas un juego de niños, aunque también estoy de acuerdo, eso es terrorismo.

Una noticia reciente señala que 4 policias, de los cientos que defendieron sus CAI y a los ciudadanos, serán judicialízalos por defender la ciudad en aquella noche de horror acusados de haber “asesinado” a varias personas (necesitan chivos expiatorios) pero nada se habla de los terroristas que quedaron en videos atacando personas. Es fácil entender que las reacciones de la policía, ante la furia de los terroristas, pueden por supuesto provocar muertes entre los atacantes (como sucedió en USA) y deberían ser consideradas muertes en cumplimiento del deber o defensa propia. Si le interesa más sobre este tema también puede leer mi artículo: “No son vandalos, son guerrilleros en esta dirección” en http://jebotero.com/no-son-vandalos-son-guerrillas-urbanas/

El atraco en un bus, en enero de 2021 en Bogotá, dio como resultado uno de los atracadores muerto de mano de una de sus víctimas que se defendió para no dejarse robar. En BluRadio, el conductor del programa MañanasBlu del día siguiente, Ricardo Ospina, insistió toda la mañana en que esta acción significaba “tomarse la justicia por mano propia” lo que le parecía un hecho reprochable y gravísimo pero jamás consideró que pudo ser defensa propia, olvidó, eso si, y le quitó importancia al hecho en el cual un par de hampones, que se suben armados a un bus, provocan terror en sus víctimas y están dispuestos a matar a cualquiera que no les entregue sus pertenencias. Según se desprende de la insistencia de Ospina todos estamos obligados a dejarnos robar para no ir a lesionar a los angelitos que tienen por diversión subir a los buses y despojar a los pasajeros de sus pertenencias.

Podríamos recordar al médico que se defendió, en un atraco, dejando como saldo 3 atacantes muertos, también fue víctima de este tipo de periodistas que siempre están pensando en defender delincuentes y jamás piensan que la legítima defensa es un derecho constitucionalmente consagrado.

Otro caso que no deberíamos olvidar es el de un escolta, que defendiendo a su protegido, dio de baja a un sicario con su arma de dotación. Ni los medios, ni la ciudadanía apoyaron al escolta y todo parecía indicar que sería condenado, pues estuvo preso. Afortunadamente la justicia, en este caso, extrañamente le dio la razón y quedó absuelto del crimen del que se le acusaba.

Grave si la ciudadanía no apoya a la fuerza pública o a los mismos ciudadanos cuando se defienden, vamos por muy mal rumbo debido a qué hay muchos políticos haciendo leyes que privilegian a la delincuencia y les quiten atribuciones a la Fuerza Pública.

Recientemente hubo otra noticia según la cual cuando suceda estas jornadas terroristas, mal llamadas protestas, donde los vándalos atacan personas, policías y los bienes públicos y privados, las autoridades primero tendrán que plantear una negociación y solo si después de intentar apaciguarlos no hay resultados, puede entrar el ESMAD.

Es clara que esta es la doctrina de la izquierda, ya escuchamos hace meses las declaraciones de Claudia López en Bogotá, cuando se puso de parte de las turbas terroristas y en contra de la Policía Nacional. La verdad uno no sabe si reír o llorar.

Nota al margen: parece que se acentúa la dictadura digital que está sepultando la libertad de expresión.

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Me llegó una entrevista, que hiciera la más reciente fichaje del equipo de La W, en YouTube, al ex fiscal Nestor Humberto Martinez Neira.

La periodista de extrema izquierda, que escribía en la Revista Semana, hoy engrosa las filas de este medio, que ha decidido no ser imparcial y ha emprendido una defensa ciega de los Acuerdos de la Habana, aun si deben defender lo indefendible, que aparece en la entrevista de marras como una escudera de las FARC.

Tendríamos que iniciar por decir que la palabra “entrampamiento” no existe en el diccionario de la Real Academia de la lengua española. Pero es usual que algunos periodistas y políticos, cargados de ideología, se inventan palabrejas que luego utilizan políticamente por todos aquellos que se dedican a cuestionar la autoridad del estado.

La traigo a colación, esa es la palabra que utilizaron todos los amigos de las FARC en un debate en el Congreso, pues se la inventaron para engañar a los colombianos con la imaginativa teoría de que Santrich es un angelito, mártir de la paz, victima del fiscal Martinez y del establecimiento.

En la entrevista, la periodista María Jimena Duzán, adopta como suyas las teorías de “entrampamiento” de Petro y Cepeda, dos de los más grandes enemigos de la justicia, que inventaron conspiraciones contra el proceso de paz. Esta es la obsesión de toda la mamertada, encabezada por Santos.

Afortunadamente la desenmascarada es otra y el ex fiscal Martínez aclara que no hubo tal encerrona a Santrich:

Explicó que hubo dos investigaciones diferentes, independientes, que llevaron a la captura de Santrich por narcotrafico, investigaciones motivadas por hechos diferentes que buscaban descubrir ilícitos distintos.

Una de ellas, adelantada por la DEA, buscaba una organización internacional de tráfico de estupefacientes que involucraba a cárteles mexicanos, Investigacion que llegó a Santrich y el resultado fue el pedido de extradición por narcotráfico, que hiciera un juez de la Corte de Nueva York, al gobierno colombiano.

La otra, una investigación por corrupción que se adelantaba por la Fiscalía de Colombia, en la que se perseguía a funcionarios del gobierno Santos (del Fondo para la paz tan cuestionado por sus manejos) pues tenían indicios de una red de corrupción, que se estaba robando los dineros destinados por el gobierno para la atención de víctimas y al parecer extendían sus tentáculos hacia el sector de la salud.

El protagonista de la segunda investigación era el señor Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, según el ex fiscal este era el líder de esta banda de corrupcion. En los seguimientos, interceptaciones e investigaciones, fue tan de malas el “angelito ciego” -yo siempre he pensado que de ciego poco- que la fiscalía los pilló y llegó en forma paralela, con la DEA a sus negocios de la “narco paz”.

Más detalles podrían ser aburridos, pero la hábil defensora de Santrich, enreda, revuelve o baraja ambos expedientes (como lo hicieran Petro y Cepeda en el Congreso) para tratar de “demostrar” la conspiración contra el “angelito ciego” y acusa al ex fiscal Martinez de idear un “falso positivo”, una de las expresiones favoritas de la izquierda, en el caso de Santrich y con el supuesto objetivo de dinamitar los acuerdos de paz. “Enemigo de la paz” podría resumir toda la intención de esta “señora” en esa larga entrevista y que en muy repetidos artículos que ella hiciera semana tras semana contra el ex fiscal.

Estoy seguro que Maria Jimena Duzán debe estar muy triste porque Santrich no la incluyó en la lista de aquellos amigos que hicieran ese debate contra el ex fiscal Martinez en el Congreso, en su defensa. ¡Lastima! Para los que no saben circula por las redes un explicito video en el que Santrich (el angelito ciego) agradece a Roy Barreras, Ivan Cepeda y a Gustavo Petro, entre otros, por su aguerrida defensa a favor del narcotraficante.

La entrevista la pueden encontrar en esta dirección entrando al YouTube https://youtu.be/4ygtVS34-BI o escribiendo en el buscador de esa página: “en esntrevista con María Jimena Duzán el ex fiscal Martinez” y también seguramente el la página de La W, en la nueva sección que han llamado “La hora cero”.

Juzguen ustedes como el ex fiscal se defiende de los ataques, de las calumnias y de las acusaciones de esta encarnizada enemiga de la justicia en favor de las FARC. En mi criterio la desenmascara y le solicita que deje de tratar de confundir a la opinión pública. Entrega hechos claros que desvirtúan todas las infamias de la periodista con agenda.

Por esto, el título de este artículo me surge al escuchar la entrevista, creo que esta señora es tramposa, sesgada y mentirosa.

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Mi admiración por el General Jorge Enrique Mora Rangel no ha desaparecido ni desaparecerá ante posibles equivocaciones que, según algunas personas, habría cometido cuando se involucró, por solicitud de Juan Manuel Santos, en aquel mal hadado proceso de negociación con las FARC, un proceso que estuvo signado por engaños y estratagemas que intentaban convencer a los colombianos de sus bondades.

No podemos olvidar que el General Mora ocupó, en forma sobresaliente, los mayores cargos en el Ejército Nacional. Con una hoja de vida impecable que lo respalda, fue famoso por su capacidad de estratega en operaciones contra guerrillera, se distinguió dirigiendo brigadas móviles, divisiones y como comandante del Ejército Nacional en el gobierno de Andrés Pastrana.

Precisamente el presidente Pastrana le encargó una inmensa tarea: la modernización del Ejército. Con recursos provenientes de la Nación y del Plan Colombia, con su liderazgo y su experiencia, desarrolló esta tarea con gran éxito. En ese periodo el Ejército creció en moral y motivación, mayor capacitación y educación en sus filas, fue equipado con los últimos avances tecnológicos, se dio un salto en la movilidad y el recurso humano pasó de 125.000 a 155.000 hombres.

Con esta nueva capacidad potenciada y una moral renovada, el presidente Pastrana le entregó al presidente Álvaro Uribe una tropa dotada y capacitada para emprender la gran ofensiva, en la defensa de los colombianos, contra unas guerrillas y grupos de autodefensa que estaban desbordados, mantenían prisioneros a los colombianos en sus casas, en todas las regiones y a punto de copar a Bogotá.

Fue nombrado por el presidente Uribe como comandante general de las Fuerzas Militares, cargo muy merecido y el más alto honor que pueda recibir un militar en desarrollo de su carrera. Un gran líder con fama de tropero, respaldado por una hoja de vida impecable, gozaba de la admiración de los colombianos y el respeto de todas las tropas, mostró los mejores resultados que se conocen en la lucha antisubversiva y fue pilar para los éxitos que consiguieran las Fuerzas Militares en los siguientes años, después de su retiro.

Conocí al General Mora. El Gobernador de Cundinamarca Andrés González, lo designó como Alto Consejero para la Seguridad del Departamento, cargo desde el cual se involucró directamente con la atención de la emergencia provocada por el fenómeno de la Niña (2010-2011). Yo trabajaba como asesor-coordinador de infraestructura en Colombia Humanitaria. Allí tuve el honor de tratarlo. Lo recuerdo como hombre organizado, gran líder, recio, de buenos modales, serio, transparente y muy amable, lo que reforzó mi admiración por él.

Tiempo después, nombrado el General Mora Rangel en el equipo negociador del gobierno que buscaba la paz con las FARC, para participar en esta comisión recibió el respaldo de Acore, del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro, y de muchos colombianos. Todos pensamos que sería prenda de garantía, un vigía en un escenario en el que predominaban ideologías políticas extremas, ambiciones ventajistas, deseos de imponer un modelo opuesto al democrático y de libre mercado que hoy tenemos. Sin embargo, era imposible atajar a una mayoría dispuesta a legalizar lo que ya estaba negociado previamente.

Para nadie es un secreto que Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle, profesan ideologías vecinas con la izquierda radical. Son personas supremamente inteligentes, convincentes, de dialéctica impecable que pueden enredar hasta el más avezado politólogo que se involucre con ellos.

Es claro que todos hemos querido una Colombia en paz, pero existen líneas rojas que no debieron ser vulneradas en este proceso. Y hoy, después de revisar los hechos, pasados 4 años de la firma de esos acuerdos, no nos queda otra que afirmar que la comisión negociadora fue una puesta en escena para distraer la atención de los colombianos, y en muchos momentos para enredar a quienes, legítimamente, al interior de la comisión entendían que no se podía aceptar todo lo que las FARC pedían.

Recuerdo que, durante las negociaciones los comisionados venían a Colombia con cierta periodicidad, lapsos de tiempo que aprovechaban para el descanso y supuestamente se hacían consultas con el Presidente. En esos períodos, tenían la tarea de reunirse con estamentos de la sociedad para hacer pedagogía, se realizaban charlas y se “informaba” sobre los avances de las conversaciones en La Habana. En una de aquellas estadías en Colombia, recuerdo haber asistido a un conversatorio del General Mora. Se veía honestamente convencido de que el proceso de paz era necesario y de que las intenciones del gobierno eran honestas.

Me sorprendió escucharle que, con este proceso de paz, se acabaría la estrategia de “combinación de todas las formas de lucha” en la cual son maestros los guerrilleros en Colombia. Yo guardé silencio (aunque podía haberlo interpelado) y preferí, tiempo después, hacer alguna reflexión al respecto en mi blog OPINIÓN LIBRE (www.jebotero.com), porque en ese momento y ahora, estoy convencido que este proceso de paz hace parte de la misma estrategia diabólica, liderada por la dupla Santos-Farc y que el General Mora creía, genuinamente que, se acabaría como gran logro de este proceso.

Lo digo, porque hemos visto claramente, por ejemplo, que el M19 aunque se desmovilizó, ha intentado subvertir el orden constitucional desde la “legalidad”, liderando una guerra jurídica, mediática, de masas y de organizaciones, guerra despiadada principalmente contra los militares que los combatieron. Esas acciones son precisamente los componentes de una guerra política en la que son expertos los políticos de la extrema izquierda que también se ha llamado “combinación de todas las formas de lucha”. La realidad es que, precisamente esta estrategia no se acabó con la desmovilización del EME, por el contrario, se ha intensificado con los años.

El tiempo nos ha dado la razón a quienes nos oponíamos, las Farc lograron dar un paso adelante en su carrera por el poder: agregar un escenario más a su guerra. Llegaron al Congreso sin haber pagado por sus crímenes ni haber contado la verdad ni haber pedido perdón a las víctimas. El espacio político que lograron es inaceptable para el país por la forma como lo hicieron, porque como se advirtió, permanecen la estrategia de guerra militar y narcotráfico como financiador.

Recordemos a Santos tratando de convencernos de las bondades del proceso, él le decía a Oscar Iván Zuluaga en un debate presidencial, cuando este último lo increpaba sobre la impunidad para las FARC: “no diga mentiras Dr. Oscar Iván, los responsables de crímenes de lesa humanidad jamás irán al congreso”. También le decía a Claudia Gurisatti -y a otros muchos periodistas- que no habría curules gratis, que las Farc podrían participar en política, pero las curules deberían ganárselas en las urnas, en franca lid, por los votos de los colombianos. Juraba –Santos- además, que los militares no serían rebajados al mismo nivel de los guerrilleros, que para ellos habría instancias diferentes. Con todas, pero en especial, con esta última mentira, tenía a los militares tranquilos en la comisión negociadora. Ellos creyeron en la buena fe. Lo que no sabían era que los estaban engañando, por eso defiendo la buena fe del General Mora.

Recordemos que hubo un momento en el que se dijo que el General Mora renunció a esa comisión del gobierno aunque su salida fue desmentida por el mismo. Pero es sabido que se había convertido en alguien incómodo para las Farc, razón por la cual hubo al final una especie de limitación de la continuidad del General en la comisión, hecho anunciado por el presidente Santos, dentro de su estrategia por silenciar y acallar las voces de los militares: “el general Mora no estará ya en forma permanente en las negociaciones en La Habana, sino que su presencia se alternará con su trabajo en la pedagogía con las tropas sobre los avances de las negociaciones con la insurgencia y la transición de las Fuerzas Armadas”.

Para quienes ya no le creíamos al Presidente, quedó claro que lo marginaron del proceso –sin sacarlo definitivamente, solo alejándolo- como una exigencia de las Farc en una reacción a los múltiples cuestionamientos del General -allá mandaban las Farc-, dado que las FARC pretendían -y lo lograron- vulnerar los derechos de los militares y ponerlos en igualdad de condiciones con el grupo criminal. Esta posición suponía violentar los deseos de la mayoría de los colombianos.

El deseo de paz les impidió ver, a muchos colombianos, que Santos era (y es) un gran mentiroso, capaz de engañar a todos, en busca de sus propósitos políticos y de mejorar su imagen. Para algunos de nosotros era claro que lo era: precisamente, cuando estuve en Colombia Humanitaria, unas eran las cifras que se le entregaban al presidente sobre el avance en la atención de la emergencia y otra bien distinta las que él entregaba a la prensa: completamente infladas.

Creo que ese deseo de todos por la paz, para lo cual muchos pusieron por encima -de valores fundantes de una democracia, como son la justicia y la libertad- el anhelo que despertaban las falsas promesas de Santos de una Colombia sin muertes violentas, de una Colombia en paz, algo que nunca pasó. Creo que el General Mora no fue una excepción, el creyó y se mantuvo ahí, inclusive ACORE por muchos días se negaba a creer que en las promesas del Presidente había un engaño.

Pues mientras Santos, con su obra teatral llamada comisión negociadora nos tenía a todos distraídos y polarizados, unos en contra -enemigos de la paz- y otros a favor -amigos de la paz-, ante las dificultades para poner de acuerdo a los negociadores sobre la creación de la JEP (Justicia Especial para la Paz) y porque muchos no podían aceptar las exigencias de las FARC en esta materia, Santos, a sus espaldas, envío a Roy Barreras, Iván Cepeda y a María Angela Holguín, para que paralelamente y en secreto, “negociaran” o más bien, aceptaran todas sus condiciones exigidas por el grupo guerrillero, en un acto de traición a la Patria, que esperamos la historia juzgará duramente.

Así fue como la JEP, la columna vertebral de estos acuerdos, fue concretada a espaldas de los negociadores. Inclusive lo cuenta Humberto de la Calle en su libro “Revelaciones al final de una guerra”. Las negociaciones en La Habana estuvieron envueltas en una trama novelesca de lo más sórdido que uno pudiera imaginarse, llena de intrigas y traiciones, en búsqueda de un fin, que muchos adivinamos no era la paz sino traer a la vida civil a unos criminales garantizándoles impunidad y para ello tenían que introducir el texto de los acuerdos en la constitución nacional. Se extraña uno que todos los enconados “defensores” de la constitución (incluida la Corte Constitucional) aceptaran sin protestar la mas grotesca de sus modificaciones. ¿Dinero? ¿Política?

Alguien nos tendrá que contar algún día que hizo Santos con casi 40 mil millones de dólares que consiguió duplicando la deuda externa colombiana y los casi 30 mil millones de dólares que le sacara a Ecopetrol, sin que con semejante cantidad de recursos se reflejara en la economía colombiana. Con esa cantidad de recursos, bien invertidos, habría un impacto muy positivo en nuestra economía, en la reducción de la pobreza y en la generación de empleo. Pero al contrario nos entregaron un país con crecimiento muy mediocre y el desempleo en ascenso.

No podemos pues, culpar a un General en uso de buen retiro de las maniobras del Presidente. Seguramente nos contará el Gr. Mora en su libro, muchas cosas que nos ayudarán a entender esta novela de oscuras pasiones políticas que se han movido alrededor de la paz de Santos, tantas que hasta Mockus, quien fuera opositor de Santos en la campaña del 2010, un icono de la moral y de la decencia, que cantaba en campaña con sus seguidores “yo vine porque, a mi no me pagaron”, se convirtiera en un ídolo de barro al venderse, años después, por unas monedas: Recibió de Santos varios contratos por miles de millones de pesos supuestamente para hacer pedagogía por la paz, pedagogía que coincide con la avalancha desbordada de publicidad, por todos los medios y atreves de personajes icónicos, para lograr el resultado final en un plebiscito que les salió mal.

Yo si creo en su buena fe General, yo si compraré su libro.

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