Los militares al cadalso, los guerrilleros al poder

Se cumplieron 29 años de la masacre de magistrados y visitantes, del Palacio de Justicia, ocurrida entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, en la cruenta toma que protagonizara el M-19, agrupación narco guerrillera que operaba en los años 80’s.

En dicha toma fueron rescatados vivos, por parte de los militares, cerca de 280 personas. Murieron lamentablemente unas 80 personas a manos de los terroristas que incendiaron el Palacio cumpliendo un contrato a su financiador, el tenebroso capo del narcotráfico, Pablo Escobar Gaviria, quien exigió, como parte del contrato, se quemaran los archivos del Palacio, ya que en esos días la Corte decidiría sobre la extradición.

Pagó Pablo Escobar, según dijo su hijo recientemente, 1 millón de dolares, algo que ya se sabía. Prueba clara de que esta organización terrorista, a quienes algunos inocentes admiran, estaba en acuerdos con las mafias del narco tráfico.

La guerrillera Clara Helena Enciso Hernandez, alias “Claudia”, salió viva del Palacio de Jusiticia y se fugó a Mejico y fue declarada por un tiempo como “desaparecida”. Años después regresó al país donde murió por una enfermedad. Hoy dicen que, la guerrillera Irma Frnaco también “desaparecida”, la desaparecieron las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Cómo creerlo? ¿Dónde andará Irma Franco? ¿Quizás viviendo a sus anchas en algún país de Europa, mientras rie viedo militares condenados?

Adicionalmente resolvieron inventar otros 10 desaparecidos, los empleados de la cafetería que fueron llevados al cuarto piso donde aparentemente murieron incinerados, varios de los cuales ya han logrado identificar entre los muertos que llevaron a la fosas comunes de la Fiscalía. Nunca se han podido analizar todos los cadaveres que están en manos de la Fiscalía, porque a esta no conviene que se acabe la creencia de que hay 11 desaparecidos por los que culpan al General Arias Cabrales, recientemente condenado a 35 años de cárcel (cadena perpetua por su edad) y al Cornel Alfonso Plazas Vega, entre otros, quien sigue batallando jurídicamente por su libertad, esta vez en un proceso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, su última esperanza. Eperamos se haga justicia con este héroe de la patria.

En el caso del Cr Plazas, la justicia actuó muy sospechosamente, “encontraron” varios testigos que lo acusaban, cada que uno de ellos era desvirtuado por la defensa, “aparecía” milagrosamente otro. Curiosamente el último, por cuyo testimonio fue condenado, no estaba en Bogotá el día de los hechos y él mismo dice que el que no acudió a la diligencia “secreta” adelantada por la Fiscal del caso, en la que supuestamente rindió el testimonio incriminatorio. Es decir, el testimino se lo inventaron.

No se entiende como, después de que un Tribunal Especial de Instrucción, en 1986 y 1987, conformado por varios magistrados y una veintena de jueces, investigó y estudió el caso del Palacio, el cual condenó a los culpables y el caso cerrado como “cosa juzgada”, más de 20 años después fuera reabierto por el Fiscal Iguarán, violando todas las normas procesales que se supone rigen en Colombia.

Este es un caso claro de “guerra jurídica” contra los militares, una venganza contra aquellos que sometieron a los terroristas y que han luchado siempre por la libertad de los colombianos defendiendo la democracia. Hoy vemos a militares presos y al M-19 ejerciendo el poder. Alcalde de Bogota, Gobernadores, Senadores y Representantes, disfrutan de un indulto general mientras que quienes los combatieron van a las cáreceles. ¿Se puede aceptar esta infamia?

Hoy se habla de carteles de testigos “falsos”, pero los han validado solo para personas sospechosamente amigas de la izquierda, no ha habido un solo caso en el que algún militar logre que se investiguen a esos falsos testigos, que han logrado enlodar a mas de 15.000 militares en procesos de mal llamados “falsos positivos”.

El cuento de los falsos positivos, aunque hay que aceptar que se presentaron algunos, también es necesario saber que Manuel Marulanda y sus secuaces, instruían a las familias de los guerrilleros muertos, para que denunciaran la desaparción de sus hijos como supuesto labriegos honestos y dedicados, a manos la Fuerza Pública. De aquí parte una estrategia mortifera que ha afectado jurídicamente a muchisimos militares, logrando acabar con la moral de las tropas y relegar a las FFMM de la lucha antiguerrillera.

Los señores del M-19 se desmovilizaron, pero se han dedicado, a través de varias ONG de derechos humanos, a hacer montajes contra militares, preparando testigos falsos y logrando encarcelamientos, retiros y condenas contra muchisimos de ellos, hoy mas de 3.500 en la cárceles, por la llamada “guerra jurídica”, que van ganando estos extremistas de izquierda, que dicen haberse desmovilizado pero continúan la guerra por otros medios, como lo predicaba Clawsevitz.

Victorias obtenidas por la subversión y sus amigos de la izquierda, lograron destruir la Justicia Penal Militar y el Fuero Militar, para dejar a los soldados a merced de una justicia civil altamente infiltrada e ideologizada por la izquierda extremista. Por eso vemos hoy, cuando se intenta restituir el Fuero Militar, los ataques furiosos de la Representante a la Cámara por el Partido Verde, Angélica Lozano, arremeter contra este proyecto. Seguro naufragará porque Santos ha traicionado a los militares desde que era ministro.

Recientemente, en marzo de este año, escuché al General Mora, hacer una afirmación bien inocente. El actualmente es negociador en La Habana y parece no entender lo que es “la combinación de todas las formas de lucha”. Decía que el creía que llegaríamos a la paz con las FARC y que destacaba 4 puntos:

“…

  1. Que las FARC desaparecerán y se contituirán en partido político.
  2. Que las FARC se desmovilizarán y entregarán las armas”
  3. Que las FARC abandonarán totalmente la teoría de “la combinación de todas las formas de lucha”.
  4. Que las FARC pasarán de la ilegalidad a la legalidad haciendo parte del sistema democrático.
    …”

Si los lectores entendieron la referencia a la “guerra jurídica” que adelanta el M-19 desde que se desmovilizó, que hace parte de “la combinación de todas las formas de lucha”, también llamada Guerra Política, a la que se refiere el General, entenderán que el M-19 siguió en Guerra desde la “legalidad” y que esto es lo mismo que harán las FARC, la “Guerra Política” en contra de los militares arreciará, muchisimos seran encarcelados por falsos procesos con falsos testigos y los antiguos terroristas, indultados por Santos y su “Unidad Nacional”, se harán del poder en pocos años: Alcaldias, concejos, asambleas, camara de representantes y senado… y porque no, algún dia hasta la presidencia, para someter al pueblo colombiano a su tenebrosa política del Socialismo del Siglo XXI. ¿Se imaginan a Gustavo Petro de presidente? Pues imagínenselo, o a alguno parecido.

Saben quien es “el otro Uribe”, con ese mote se hizo elegir, Alirio Uribe, a la Cámara de Representantes, un exguerrillero del M-19, capturado después de hacer explotar una bomba en un bus urbano, en el que murieron civiles y algunos de sus compañeros. Posteriormente amnistiado con todo el EME, estuvo al frente de la ONG colombiana más poderosa que hay hoy, Colectivo de Abogados José Albear Restrepo, la misma que ha apoyado todos los montajes contra el Coronel Plazas, o que logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a la Nación por, la masacre de Mapiripan: Hubo 6 muertos y condenaron a Colombia por 59 supuestas víctimas. ¿Montaje? Decida usted. Este señor, hoy en la Camara enfila baterías contra 8 Generales que quiere que primero sean destituidos para poder continuar empujándolos hacia la cárcel por haberlos combatido.


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