El secuestro, delito de lesa humanidad, es práctica continua de las FARC y no puede convertirse en delito político. Esta pretención constituye una burla al pueblo colombiano. Las FARC se comprometieron con Santos a dejar de secuestrar y a liberar a todos los secuestrados como requisito para empezar la negociación, condición que que han incumplido impúdicamente.

En estos dias se habla de la posible liberación de los soldados César Rivera y Jonathan Díaz, del cabo Jorge Rodríguez, del Brigadier General Rubén Darío Alzate y de la abogada Gloria Urrego, pero nadie exige que se liberte a los otros 60 colombianos secuestrados por las FARC, durante el desarrollo de las conversaciones de paz, ni la de los miles de secuestrados que nunca entregaron las FARC al inicio de las conversaciones. Tal parece que para el gobierno solo son importantes los políticos y los militares.

El gobierno ha hablado de negociar en medio del conflicto pero pareciera que con este argumento otorga tácito permiso a los narcoterroristas para que sigan cometiendo delitos de lesa humanidad. Como consecuencia las FARC siguen cometiendo atrocidades durante la negociación, asesinatos de policías, utilización de niños bomba, sembrado de minas antipersona alrededor de escuelas y alrededor de centros de salud, mutilación y tortura de niñas y niños reclutados a la fuerza que han pretendido desertar, el asesinato de indígenas en estado de indefensión, entre otros, son crímenes atroces que no tienen justificación posible.

El pueblo colombiano no debe dejarse engañar. Una cosa es la “negociación en medio del conflicto”, lo que significaría enfrentamientos entre sediciosos y las fuerzas constitucionales del Estado respetando el DIH, y otra bien diferente, es la comisión de actos atroces contra la población civil o contra militares y policías violando las normas que regulan los conflictos. Esos actos no hacen parte del conflicto. Son parte del terrorismo ejercido por las FARC.

Los colombianos debemos exigir la liberación de todos los secuestrados y se termine esta práctica de una vez por todas, como condición para reanudar las negociaciones que fueran suspendidas con motivo del secuestro del General Alzate. El gobierno debería pensar en la dignidad de los colombianos y de las FFAA que está siendo pisoteada en La Habana mediante una campaña de tergiversación de la realidad y justiricación de la barbarie en nombre una la “libertad” al estilo de las FARC, la cual es realmente la esclavitud.