En cierta emisora colombiana, el 24 de junio de 2015, después de entrevistar a José Miguel Vivanco, con motivo del último informe de Human Rights Watch (HRW) sobre “falsos positivos” en Colombia, un refrito infame que se publica periódicamente cada que se requiere un impacto mediático, y a propósito de la “coincidente” noticia, del día anterior, en la que afirma la Fiscalía que llamó a dar explicaciones a cuatro generales, entre ellos al General Mario Montoya, ex comandante del Ejército, los periodistas de la susodicha emisora se despacharon a gusto contra los oficiales sin ocultar, ni un poco, su odio contra los militares.

Frases como “es claro que hubo una política de conteo de cuerpos”, “pedían a sus hombres ríos de sangre” y otras infames afirmaciones, sirven de refuerzo a la campaña de desprestigio que, de tanto en tanto, presenta un nuevo aberrante capítulo en esta historia que busca derrotar jurídica y mediáticamente a las FF.MM., acabar con la moral de las tropas, deslegitimar a la Institución Militar y con ello socavar el apoyo y la confianza que siempre han tenido entre la población civil. Por años las FF.MM. han ocupado el primer lugar de favorabilidad y aprecio entre los colombianos, en las encuestas que se hacen periódicamente.

Buena parte de las afirmaciones hechas por HRW están basadas, en acusaciones del coronel retirado Robinson González del Rio, de quien se sabe tiene mala reputación y ha reconocido la Fiscalía que se ha descubierto que muchas de sus afirmaciones son falsas, este es, ni más ni menos, otro de esos presuntos delincuentes, que en la búsqueda de beneficios jurídicos, enlodan a todo aquel que pueda parecer un buen botín para la justicia.

Le escuchamos decir a Vivanco, curiosamente coincide de nuevo con las afirmaciones de la Fiscalía, que los militares investigados por los “falsos positivos” no pueden ser objeto de la justicia transicional tan mentada en el actual “proceso de paz”. Los periodistas, comparten la afirmación de HRW y de la Fiscalía, que los generales mencionados, por el hecho de haber sido comandantes, deben responder por los presuntos delitos cometidos por algunos de los hombres bajo su mando.

Recientemente supimos que la Corte Suprema de Justicia ratificó una absolución, dada por un Tribunal en Medellín, a Timochenko y a Iván Marquez, por el delito de reclutamiento forzado de menores, dice parte del fallo: “Se absolvió a los procesados del delito objeto de acusación, al aplicar el principio de resolución de duda en su favor ante los vacíos probatorios al no haberse esclarecido quienes, cómo, y dónde habían reclutado los menores”, cuando es una “verdad sabida” que las Farc tienen en sus filas a miles de niños y niñas, reclutados a la fuerza, vejados sexualmente y utilizados como escudos humanos contra las tropas del Ejército Nacional.

Pero en cambio sorprende que, por ejemplo, sean condenados sin pruebas que vinculen directamente a ciertos militares, por el hecho de haber sido comandantes o incluso sin serlo de ciertas zonas, veamos algunos ejemplos:

El Coronel retirado Alfonso Plazas Vega, fue condenando a 30 años de cárcel, bajo la teoría de la responsabilidad mediata (por comandar una operación) de unas desapariciones de las cuales no hay una sola prueba, en contrario si se afirmó, por el Tribunal Especial de Instrucción que investigó los hechos en 1986, de las personas que hoy se catalogan de desaparecidas, que murieron en el cuarto piso del Palacio de Justicia. Curiosamente, contra el Coronel Plazas hubo tres testigos falsos, cada que se desenmascaraba al testigo inmediatamente aparecía otro. El último negó haber rendido la declaración con la que fue condenado el Coronel, el Cabo Edgar Villamizar quien murió recientemente. Por los mismos hechos fue condenado el General Arias Cabrales por ser su comandante.

El General Jaime Uscátegui fue condenado, a 37 años de cárcel, por una supuesta omisión, por los hechos ocurridos en Mapiripán, 19 y 20 de julio de 1997, cuando esa zona no estaba bajo su mando porque no era parte de su jurisdicción. Curiosamente los muertos denunciados en Mapiripán fueron cincuenta y nueve (59) por los cuales fue condenada la Nación a pagar millonarias indemnizaciones, pero sorpréndanse, recientemente se descubrió que los muertos fueron realmente seis (6), los demás resultaron falsas víctimas.

Con los argumentos como que fueron comandantes (responsabilidad mediata), serán acusados los generales que actualmente han sido llamados por la Fiscalía. En un país donde las leyes son interpretadas según convenga, hay un gran riesgo de que sean condenados, no los cuatro de la reciente noticia, sino veinticuatro que se vienen mencionando desde hace unos meses, incluidos el General Juan Pablo Rodríguez, comandante de las FFMM, y el Mayor General Jaime Lasprilla, Comandante del Ejército Nacional.

¿Habrá justicia transicional para asesinos en serie, como los cabecillas de las Farc, con excarcelación y curules en el congreso, y cárcel para los héroes, de esta sufrida Patria, que han dedicado sus vidas a defender a los colombianos?

Creo que sí, lo hemos advertido muchísimas veces.

¿O se tratará de una campaña, como lo denunciamos en la columna anterior, en la que se pretende que todos seamos culpables para que al final se pueda decir que habrá perdón y olvido para todos, incluidas por supuesto, las Farc?