La semana que pasó, nos sorprendieron, el Gobierno y la Fiscalía, con nuevas declaraciones sobre el delito político. Se ha dicho por parte de Humberto de la Calle Lombana, jefe negociador del Gobierno en La Habana, que si no se “amplía” el delito político, incluyendo “nuevos” delitos conexos, será imposible llegar a la paz. También escuchamos al presidente Santos decir que la justicia no puede ser enemiga de la paz, repitiendo lo dicho por De La Calle, que más bien parece es una exigencia de las FARC.

Después de varias giras por Europa, una del Fiscal Montealegre buscando apoyo de la Corte Penal Internacional, para la “justicia transcisional”, pero con su propia definición, y del Presidente Santos también pidiendo respaldo al para el proceso de paz y para el post-conflicto, solicitudes que no salieron bien, ni en materia de recursos para el post conflicto, ni en el apoyo que ellos solicitaban en las concesiones jurídicas que garantizarían la impunidad para los terroristas como condición para la paz.

Recordemos que Colombia suscribió el Tratado de Roma, con el que se da vida a la Corte Penal Internacional y en el que se acepta la jurisdicción internacional de la Corte, en el evento en que en el país queden impunes los actos de barbarie, por negligencia del gobierno o por incapacidad de la justicia.

Actos de barbarie, delitos atroces o delitos de lesa humanidad, se viven a diario en Colombia a manos de diferentes grupos armados, pero especialmente de las FARC. No podemos olvidar delitos como el secuestro, el reclutamiento forzado, las minas antipersona contra niños campesinos en escuelas y otras en centros de salud. No se puden pasar por alto las torturas a los niños, las mutilaciones cuando intentan la fuga de las filas a las cuales fueron incorporados a la fuerza. No se pueden dejar de lado los cientos de poblaciones que han sido objeto de bombardeos, los asesinatos, los fusilamientos y las torturas.

Señor presidente Santos, aunque usted disfrace todos esos delitos, seguirán siendo atroces o de lesa humanidad y los responsables deben tener un castigo para que el mensaje no sea erróneo, para que la juventud no piense que delinquir paga. No pedimos que sean judicializados todos los hombres en armas, solo las cabezas: comando central, estados mayores de cuadrillas, de frentes y de bloques, y claro, a los políticos que han estado en connivencia con estos grupos, tal como sucedió con la para política.

Desde que se supo de las conversaciones o negociaciones en La Habana, se ha venido ambientando, por parte del Fiscal General de la Nación y del Senador Roy Barreras, entre otros, que el narcotráfico podría ser considerado delito conexo con el delito político. Algunos escritores como Antonio Caballero opinan que este es el menor de los problemas, en apoyo decidido a este propósito de engaño. Maria Isabel Rueda, a quién su fidelidad por Santos la ha vuelto ciega, afirma que quizás pudiera ser conexo porque es un modo de financiación de la rebelión. Esta ambientación o ablandamiento es un fenómeno repetitivo y ciclico, que tiene por objeto volver el tema tan normal a los ciudadanos. Los medios apoyan la estrategia repitiendo el mensaje continuamente hasta que los colombianos digamos: “si, tienen razón”. Esta es la estrategia de medios de Santos para sacar la paz a la medida de las FARC.

Bien grave es, que a los colombianos nos laven el cerebro de esta forma, el narcotráfico hace mucho daño a la humanidad, no se si pueda ser considerado delito de lesa humanidad, yo creo que si. No tiene justificación su adopción como delito conexto poruqe no hace parte de ningún “ideal político” defendido por las FARC.

Asi pues, señor De La Calle, que “rediscutir del delito político” es disfrazar el proceso de legalidad cuando lo que se pretende es repartir impunidad entre quienes son los determinadores de la mayor porción de barbarie en 50 años de historia nacional.

Este disfraz hace parte de los demás engaños que pretenden vendernos a propósito de la paz, como cuando llevan “12 víctimas del conflicto” y solo 4 son victimas de las FARC ¿por qué si la negociación es con las FARC?. Las otras 8, un porcentaje del 66% aparecen como victimas de paramilitares y del Estado, queriendo significar que el fenómeno paramilitar fue una política de Estado y que por eso seremos los colombianos quienes debemos resarcir a las víctimas.

Presidente ¿Ya le exigieron a las FARC, tercer grupo terrorista más rico del orbe –según la Revista Forbes-, que entregara todos esos recursos para reparar a las victimas? De eso no hemos escuchado nada. Quizás tiene razón el Procurador cuando dice que estamos ante la operación de lavado de activos más grande de la historia y propiciada por un gobierno.